El Ministerio Público ha arrestado hoy a nueve miembros de la Policía Nacional y a una civil, a quienes se les imputa la conformación de una red criminal integrada por agentes de la institución, liderada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas. Se les atribuye la sustracción de más de 900,000 proyectiles, en un caso de corrupción interna sin precedentes.
La investigación, que dio lugar a la denominada operación Pandora, comenzó en octubre pasado, a raíz de una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía, y del director general de la Policía Nacional.
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a las siguientes personas, quienes serán sometidas a la justicia para que se les apliquen medidas de coerción:
- Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones.
- Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
- Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
- Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de municiones.
- Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
- Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
- Cabo Juan Luis Díaz Medina.
- Raso Rubiel Martínez (alias Escobar).
- Raso Moreibin Medina Pérez.
- Miguelina Bello Segura, civil.
El Ministerio Público destacó que el capitán Santos, quien llevaba más de seis años como auditor de la Intendencia de Armas, no solo falsificó datos en la auditoría de febrero, sino que, al percatarse del avance de la investigación, intentó manipular nuevamente los números junto a los cabecillas de la red, lo que fue rápidamente detectado por los investigadores.
"En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado arduamente para ejecutar esta operación, la cual se basa en una auditoría de la Policía Nacional que revela violaciones tanto disciplinarias como penales", explicó el Ministerio Público.
La operación Pandora contó con la participación de más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales. Juntos realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Incautaciones Durante la Operación Pandora
Las diligencias de la investigación permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos. Todo ello contribuyó a consolidar un "robusto conjunto de pruebas" para ser presentadas ante el juez de instrucción, según informó el Ministerio Público.
Este caso, según el Ministerio Público, es un claro ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede generar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, destacó el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma, al denunciar estos hechos.
"Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden", concluyó el Ministerio Público.
