Santo Domingo, R.D. – La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas cautelares para impedir la transferencia de bienes vinculados al empresario Antonio Espaillat López, ante sospechas de maniobras destinadas a evadir responsabilidades civiles frente a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha iniciado diligencias procesales contra las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades asociadas a Espaillat, como parte de la investigación por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la cual fallecieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas, incluyendo el artista Rubby Pérez.
Entre las acciones adoptadas, se han interpuesto oposiciones a movimientos de bienes que presuntamente se encontraban en proceso de transferencia. Una fuente ligada a la investigación indicó que estas medidas buscan proteger los derechos de las víctimas mientras se desarrolla el proceso judicial.
“El Ministerio Público ha gestionado la imposición de un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas al señor Espaillat, propietario de Jet Set”, detalló la fuente, subrayando que estas actuaciones se ejecutan bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Aclaró que la utilización de dicha ley no implica una acusación por lavado de activos, sino que se aplica como instrumento jurídico para detener de forma administrativa cualquier intento de enajenar propiedades durante la investigación.
El proceso se enfoca en las empresas directamente relacionadas con Espaillat, especialmente la sociedad comercial a través de la cual operaba el emblemático centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque el empresario ha expresado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, el Ministerio Público ha iniciado una revisión exhaustiva de la documentación corporativa, licencias de operación, pólizas de seguro, condiciones estructurales del inmueble y el cumplimiento de las normativas que rigen este tipo de negocios.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) establece en su artículo 169 que esta institución es la responsable de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Además, garantiza la protección de los derechos fundamentales, la defensa del interés público, y la protección de víctimas y testigos.
El artículo 170 de la misma ley reafirma la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, y establece que sus actuaciones deben regirse por los principios de legalidad, jerarquía, unidad, individualidad y responsabilidad.