Santo Domingo, República Dominicana – El presidente Luis Abinader ha desatado una ola de críticas al proponer un proyecto de ley que permitiría la transferencia de bienes públicos a un Fideicomiso Público, con el objetivo de vender estos activos a empresarios a precios extremadamente bajos. Esta medida ha sido percibida por muchos como un intento de favorecer a ciertos grupos empresariales cercanos al gobierno, generando serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos del Estado.
Exenciones Controversiales
El proyecto de ley plantea eximir estos bienes de la Ley 1832 en sus artículos 14 y 17, lo que significa que no se requeriría inventariarlos ni regular sus ventas, ni cerrar contratos. Esto ha sido señalado como una violación a los principios de administración pública y una potencial puerta abierta a la corrupción.
Principales Violaciones Identificadas
- Transparencia y Responsabilidad: La exención de los artículos 14 y 17 de la ley 1832 reduce significativamente la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los bienes públicos. Sin inventarios ni reglamentos claros, es difícil garantizar que las ventas se realicen de manera justa y beneficiosa para el Estado.
- Conflicto de Intereses: La posibilidad de que los bienes sean vendidos a precios bajos a empresarios afines al PRM genera conflictos de intereses, minando la confianza pública en la administración gubernamental.
- Uso de Bienes Públicos: La venta de bienes públicos a precios irrisorios representa una pérdida significativa de recursos para el Estado, que podrían haberse utilizado para proyectos de desarrollo y beneficio social.
- Legalidad y Ética: La propuesta de ley parece estar diseñada para favorecer a ciertos grupos, violando principios éticos básicos y posiblemente incurriendo en ilegalidades según el marco jurídico existente.
Reacciones y Críticas
Diversos sectores de la sociedad dominicana han expresado su preocupación y rechazo ante esta medida. Ciudadanos y líderes políticos han señalado que terrenos en áreas estratégicas como Puerto Plata han sido objeto de interés por parte de empresarios durante años, y que la aprobación de este proyecto podría facilitar su adquisición a precios muy bajos, favoreciendo intereses privados sobre el bien común.
En redes sociales y medios de comunicación, la indignación es palpable. “¿Cómo es posible que el Director de Bienes Nacionales no tenga que inventariar ni determinar reglamentos en las ventas de esos inmuebles? ¿Tampoco tendrá que cerrar esos contratos?”, cuestionó un ciudadano, reflejando la frustración y desconfianza en las intenciones del gobierno.
