Un ciudadano descubrió alrededor de 50 mil tarjetas de bonos gubernamentales desechadas, presuntamente cobradas antes de ser descartadas. Este hallazgo ha generado indignación y señalamientos de corrupción y mala administración en los programas sociales.
El caso apunta a una posible red de fraude organizada, que desvió recursos destinados a familias necesitadas. Organizaciones civiles exigen una investigación para identificar a los responsables y aplicar justicia.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones, aumentando la preocupación por la falta de controles en la distribución de las ayudas sociales.