El proyecto de Ley Orgánica de Salud Mental de la República Dominicana, que fue aprobado en primera lectura por el Senado, establece una serie de medidas y sanciones para proteger la privacidad y la dignidad de las personas que atraviesan situaciones relacionadas con la salud mental.
Entre sus disposiciones, contempla la posibilidad de suspender temporalmente medios de comunicación y plataformas digitales que publiquen información privada de personas involucradas en casos de suicidio, intentos de suicidio o que divulguen expedientes médicos sin contar con la autorización correspondiente.
La iniciativa busca evitar que los medios de comunicación y las personas particulares realicen publicaciones que afecten la intimidad de los pacientes y sus familiares. También prohíbe compartir fotografías, datos personales o información médica confidencial que pueda perjudicar su dignidad.
Según lo establecido en el proyecto, quienes difundan este tipo de contenido sin el consentimiento de los afectados podrían recibir penas de 15 días hasta un año de prisión.
En cuanto a los medios de comunicación, además de las multas y sanciones correspondientes, se contemplan otras consecuencias, como la confiscación de bienes relacionados con la infracción y la suspensión de sus operaciones por un período máximo de un mes.
Psicólogos en los centros educativos
Otro de los puntos importantes de la propuesta es el fortalecimiento de la atención psicológica dentro del sistema educativo. Para ello, se establece que cada distrito educativo deberá disponer de al menos cinco psicólogos comunitarios.
Estos especialistas tendrán la responsabilidad de ofrecer orientación, acompañamiento emocional y detectar a tiempo posibles dificultades relacionadas con la salud mental de los estudiantes, tanto en escuelas públicas como en colegios privados de su demarcación.
Servicios de salud mental a través de las ARS
En el área de seguridad social, el proyecto plantea que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) incorpore los servicios de salud mental al Plan Básico de Salud que deben garantizar las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Esto permitiría que los afiliados tengan cobertura para recibir terapias psicológicas individuales y familiares.
Además, se propone establecer un límite al dinero adicional que deben pagar los pacientes por las consultas de psicología y psiquiatría, con el propósito de facilitar el acceso a estos servicios y reducir los gastos de las familias.
Transformación de los centros de atención
La propuesta también contempla cambios en la manera en que se atiende a las personas con condiciones de salud mental. Para esto, establece un período de diez años para desarrollar el Plan Nacional de Desinstitucionalización Progresiva.
Uno de sus objetivos principales es evitar que las personas permanezcan internadas en hospitales únicamente por problemas económicos, sociales o por no tener un lugar donde vivir.
En su lugar, se busca fortalecer la atención fuera de los hospitales mediante servicios comunitarios, centros residenciales con supervisión y unidades especializadas de corta estancia dentro de hospitales generales.
Con estas medidas, el proyecto pretende mejorar la atención en salud mental en el país, garantizar los derechos de los pacientes y facilitar que reciban asistencia profesional sin ser separados innecesariamente de su entorno familiar y social.
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