En un llamado enérgico al gobierno dominicano, 460 familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande han anunciado medidas de protesta continuas hasta que se cumplan los compromisos establecidos. Estas familias, respaldadas por organizaciones comunitarias, denuncian que, a pesar de los acuerdos firmados, no han recibido las compensaciones prometidas tras la inundación de sus tierras productivas.
El conflicto se intensificó durante una conferencia de prensa frente a la Gobernación Provincial de Azua, donde representantes comunitarios expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno central. Según ellos, las tierras que antes cultivaban ahora están bajo agua, lo que ha dejado a las familias sin medios de sustento.
"Nos sentimos engañados por las autoridades", declaró uno de los líderes comunitarios. "Hemos contribuido con nuestras tierras para el bienestar del país, pero no a costa de nuestro propio sacrificio". Los afectados recuerdan un acuerdo clave realizado en abril en el Palacio Nacional, donde el gobierno se comprometió a resolver los problemas pendientes. Sin embargo, desde entonces, las reuniones han sido pospuestas repetidamente o canceladas sin aviso previo.
Entre los compromisos incumplidos se encuentran la entrega de tierras de calidad con agua para riego, la construcción de infraestructuras locales esenciales como escuelas y centros de salud, así como el pago de subsidios y deudas pendientes por los cultivos destruidos.
"Es hora de que el presidente Abinader y las autoridades locales actúen", instó otro participante en la protesta. "No descansaremos hasta que se haga justicia para nuestras comunidades".
Las familias y sus aliados han anunciado un plan de lucha que incluirá protestas continuas y movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas. Este movimiento ha recibido el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos, quienes han denunciado la falta de atención a las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo nacional.
El conflicto en Monte Grande subraya las tensiones persistentes entre el desarrollo económico y los derechos comunitarios en República Dominicana. Mientras el gobierno promueve la infraestructura para beneficio nacional, las comunidades locales luchan por un trato justo y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
