En un gesto que ha generado reacciones mixtas, el presidente Luis Abinader ha remitido al Senado un proyecto de ley con el objetivo declarado de regular la libertad de expresión y los medios de comunicación, incluyendo plataformas digitales, redes sociales y medios tradicionales. La iniciativa, según el Ejecutivo, busca crear un marco legal “moderno y democrático”. Pero la pregunta urgente es: ¿estamos ante un avance democrático o frente al riesgo de una nueva ley mordaza?
No se puede negar que el sistema legal dominicano necesita una actualización urgente. Leyes como la 6132, de más de 60 años, resultan obsoletas en un mundo donde la información circula en tiempo real por redes sociales, blogs y plataformas digitales. En ese sentido, una legislación que garantice derechos, ordene la comunicación institucional y promueva la transparencia es bienvenida. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles.
Y aquí es donde surgen las alertas.
El proyecto propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un ente regulador que, de no tener independencia real del Poder Ejecutivo, podría convertirse en un instrumento de vigilancia, censura o presión sobre los medios y periodistas. ¿Quién decidirá qué contenido es dañino, desinformativo o sancionable? ¿Tendrán los ciudadanos que registrarse para opinar en redes? ¿Se regularán memes? ¿Las opiniones críticas serán objeto de sanción?
El contexto no ayuda a disipar los temores. República Dominicana ha descendido recientemente en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Presentar este proyecto justo ahora podría ser leído no como un avance, sino como un movimiento estratégico para domesticar la crítica.
Además, el lenguaje del proyecto —según lo presentado— es ambiguo. Habla de “regular la libertad de expresión” como si se tratara de un privilegio a gestionar, cuando en realidad se trata de un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. El Estado puede protegernos del delito, pero no debe protegerse de la opinión pública.
La sociedad civil, los medios y los ciudadanos no pueden quedarse callados. Es urgente abrir un debate amplio, transparente y participativo. Si se trata de modernizar, que sea para ampliar libertades, no para coartarlas. Si se trata de proteger la democracia, que sea fortaleciendo a la prensa, no silenciándola.
Una ley sobre libertad de expresión debe servir para limitar el poder del Estado, no el de los ciudadanos. Todo lo demás es maquillaje democrático para una mordaza digital.