Por: Pavel De Camps Vargas
Una nueva propuesta de ley en RD que dice defender la libertad de expresión, pero que en realidad la acorrala y amenaza con convertir la libertad de expresión en una ilusión jurídica: regulada, controlada y castigada. ¿Estamos frente al fin de la prensa libre y del derecho a disentir?
En la historia de los pueblos, pocas conquistas han sido tan esenciales como la libertad de expresión. No es solo un derecho; es el pilar que sostiene a la democracia, el oxígeno que permite que las ideas respiren y el escudo que protege al ciudadano frente al poder. Pero cuando ese derecho comienza a ser definido, limitado y condicionado por quienes gobiernan, ya no estamos hablando de libertad: estamos hablando de censura institucionalizada.
Y eso es exactamente lo que se cierne sobre República Dominicana con el llamado Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que ya se discute, es en apariencia, un avance democrático. Pero bajo su fachada jurídica, esconde una arquitectura de control, censura disfrazada de regulación y poder absoluto concentrado en manos del Estado. Si no se detiene a tiempo, puede convertirse en el mayor retroceso a las libertades públicas desde la caída de la dictadura de Trujillo.
El INACOM: un órgano “autónomo”… con collar presidencial o un árbitro al servicio del poder
La creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) es uno de los núcleos más peligrosos del proyecto. Aunque se presenta como “autónomo”, su dirección es nombrada directamente por el presidente de la República. Así, el control de los medios se concentra en un órgano politizado, con autoridad para multar, suspender y regular contenidos a su antojo.
Esto no es libertad. Esto es centralizar el pensamiento, uniformar el discurso, y castigar la disidencia.
Y cuando el árbitro depende del equipo que juega, el resultado siempre está amañado y no es un garante de derechos, es un instrumento potencial de censura política. Su dirección ejecutiva es designada directamente por el presidente de la República, y su consejo directivo nace de ternas también enviadas por el Poder Ejecutivo (Art. 38). ¿Cómo puede ser imparcial un órgano cuya existencia depende del poder político?
Esto rompe con cualquier principio de independencia institucional. El árbitro de la expresión pública y digital queda subordinado a los intereses del gobierno de turno.
Sanciones desproporcionadas y ambiguas: la mordaza moderna disfrazadas de moral pública
Uno de los aspectos más alarmantes es la amplitud de los motivos por los que un medio puede ser sancionado. Basta con que se “vulnere la dignidad humana”, se “ofenda la moral” o se “atente contra el orden público”.
¿Quién define qué es moral? ¿Quién decide qué es ofensivo?
En manos de un poder intolerante, cualquier verdad puede ser considerada una afrenta. La ley permite suspender medios hasta por 90 días y aplicar multas exorbitantes. Esto no solo castiga el error: castiga la opinión, la crítica y la investigación periodística. Es la creación legal de una mordaza selectiva.
La ley otorga al INACOM poder para suspender medios de comunicación hasta por 90 días y aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos por contenidos que «vulneren la dignidad humana» o afecten a menores (Art. 65). ¿Quién define qué es “vulnerar la dignidad”? ¿Bajo qué criterios objetivos? Nadie lo sabe.
Este tipo de redacción ambigua es peligrosa. Porque hoy puede usarse contra un mensaje ofensivo, pero mañana contra una denuncia legítima, una sátira política o un artículo incómodo para el poder.
Multas, suspensiones y persecución por “reincidencia”
Un medio puede ser castigado no solo por lo que publique, sino por haber sido sancionado antes. Es decir, el castigo se agrava por el historial, no por el contenido. Esto convierte la libertad de expresión en un privilegio condicionado, no en un derecho garantizado.
Supervisión de espectáculos públicos: censura artística institucionalizada
El Art. 53 permite que el INACOM censure conciertos, obras teatrales y espectáculos presenciales si considera que «atentan contra la dignidad o el orden público». Este lenguaje abre las puertas a un control cultural inaceptable, donde una canción, una obra o una crítica social puede ser silenciada por razones morales o ideológicas.
Estamos hablando de una ley que da al Estado el poder de decidir qué arte puede o no puede ver el pueblo. Una reminiscencia peligrosa de los tiempos más oscuros.
La trampa digital: redes sociales bajo control y vigilancia estatal
La regulación que impone la ley sobre plataformas digitales es un espejismo. Exige transparencia, sí, pero a cambio de someterlas al control del Estado. Las obliga a tener representación legal en el país, a rendir cuentas, a justificar cada moderación.
Esto abre la puerta a una vigilancia ideológica, donde el usuario será observado, el algoritmo será cuestionado, y el contenido que critique al poder será lentamente eliminado del debate. Además la ley obligará a las redes sociales, buscadores y otras plataformas con más del 10% de usuarios dominicanos a tener representación legal local, rendir cuentas de sus algoritmos y justificar públicamente cualquier moderación de contenidos (Art. 19 al 24). Aunque parezca un avance, es un arma de doble filo: se puede usar para coaccionar a las plataformas o amedrentar a sus usuarios.
Además, se impone una lógica de “aprobación estatal” que transforma el espacio digital en un territorio vigilado. Un “Gran Hermano” disfrazado de transparencia. Nos trae a la memoria el libro El libro que habla del «Gran Hermano» es la novela distópica ,«1984» de George Orwell publicada en 1949. En esta novela, el Gran Hermano es el líder y símbolo de un estado totalitario llamado Oceanía, donde el partido gobernante ejerce un control absoluto sobre la vida de sus habitantes.
El derecho a desindexar: el borrado selectivo de la historia
Bajo el pretexto del derecho al olvido, la ley permite que se ordene la eliminación de contenido en internet si “afecta la dignidad”. Aunque parezca justo, es un camino directo a la manipulación de la memoria colectiva.
¿Hasta dónde puede llegar un político corrupto para borrar reportajes incómodos?
¿Podrá una figura pública eliminar de la red toda crítica bajo el argumento de daño moral?
El Art. 23 permite que los ciudadanos pidan a la justicia que se borren contenidos de internet si afectan su dignidad. En principio, suena razonable. Pero en la práctica, puede ser la antesala del borrado sistemático de información pública, histórica o comprometedora para figuras poderosas.
Si se deja al criterio de jueces presionables o parcializados, la verdad podría ser eliminada de la red, legalmente. En nombre de la dignidad, podríamos estar construyendo un sistema legal para eliminar la verdad incómoda.
La entrada en vigencia de esta propuesta de ley, cualquier video o publicación del pasado de un periodismo de investigación tendrá que ser eliminado, ya que la ley permite que se ordene la eliminación de contenido en internet si “afecta la dignidad” de cualquier político que fue señalado de corrupto y que no fue condenado por un juez en un tribunal o mas bien fue descargado de los casos imputados.
La frase “Donde se queman libros, se terminan quemando personas” de Heinrich Heine. es una advertencia sobre la conexión entre la censura y la represión. Indica que la destrucción de la información y las ideas libres eventualmente lleva a la persecución y poder solicitar formalmente la eliminación total.
La cita de George Orwell «La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír» se refiere a la importancia de poder expresar ideas que pueden ser incómodas, contrarias o no populares, como parte fundamental de la libertad de expresión. Es decir, no se trata sólo de expresar lo que es cómodo o aceptado, sino también de decir lo que no se quiere escuchar.
Esto nos deja muy claro «Cuando la libertad de expresión es regulada por el poder, deja de ser libertad y se convierte en privilegio» destaca un punto crucial: la libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho inherente a todo ser humano. La regulación por el poder puede restringir la expresión y transformarla en un privilegio concedido, en lugar de un derecho universal, ya que los dominicanos no somos una sociedad dividida por castas.
Una ley que no protege, sino que condiciona
Quieren hacernos creer que esta ley moderniza la comunicación, pero en realidad la pone bajo vigilancia.
Quieren hacernos creer que es una garantía de derechos, pero en realidad otorga al Estado el poder de decidir qué se puede decir y qué no.
Quieren hacernos creer que todo será más justo, pero sólo será más silencioso.
Silenciamiento disfrazado de protección de menores
Muchos artículos justifican restricciones bajo la protección de la infancia. Pero esta excusa ya ha sido utilizada históricamente por regímenes autoritarios para vetar libros, censurar películas, eliminar canciones y perseguir artistas.
La niñez debe ser protegida, sí. Pero no a costa de crear una legislación tan amplia que permita aplastar el debate social, político y cultural bajo el pretexto de moral pública.
La gran pregunta que debemos hacernos como país y sobre todo como dominicanos
¿Estás dispuesto a vivir en una democracia donde sólo puedes hablar si el Estado te lo permite?
¿Estás dispuesto a entregar tu derecho a opinar, a criticar, a disentir, por una falsa sensación de “orden” y “moral”?
¿O vas a defender tu voz antes de que te la quiten, legalmente, en nombre del “bien común”?
No nos dejemos engañar: este proyecto de ley no es una celebración de la libertad de expresión, es su domesticación. Bajo un lenguaje técnico y aparentemente progresista, se oculta un sistema legal que habilita el control político, la censura preventiva y la autocensura forzada.
En una democracia madura, la libertad de expresión no se regula, se garantiza. Esta ley, tal como está redactada, debilita la democracia, intimida al periodismo y transforma el disenso en infracción.
Nos comenta la magistrada y profesora de comunicación Somnia Vargas Tejada “Cuando la libertad de expresión es regulada por el poder, deja de ser libertad y se convierte en privilegio”, ningún gremio de periodista, de medio de comunicación, de radiodifusores, del periodismo independiente o asociaciones de comunicadores, etc. debe delegar sus derecho de quien debe representarlo. El poder político no debe intervenir en derechos que no le competen, ya que eso es intromisión y aplicación de poder superados después de la caída de Trujillo.
Recuerde muy bien esto. La libertad de expresión no se defiende cuando ya es tarde. Se defiende hoy. Porque una vez que se silencia una voz, el silencio se vuelve costumbre…
y cuando la costumbre se normaliza,
la democracia muere sin que nadie escuche su último grito.
Por: Pavel De Camps Vargas