BOSTON, 27 de agosto de 2026.- El representante estatal de Massachusetts, Francisco E. Paulino, de origen dominicano y nacido en Santiago de los Caballeros, fue arrestado el miércoles y liberado bajo condiciones tras declararse no culpable de once cargos federales relacionados con un supuesto esquema de fraude con fondos destinados a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.
Paulino, quien representa al distrito 16 de Essex, que incluye partes de Lawrence y Methuen, fue acusado por un gran jurado federal de ocho cargos de fraude electrónico y tres cargos de transacciones monetarias ilegales. La acusación sostiene que el presunto esquema se desarrolló entre abril de 2020 y diciembre de 2021, antes de que Paulino fuera elegido para la Cámara de Representantes de Massachusetts.
De acuerdo con el indictment, Paulino habría solicitado beneficios del programa Pandemic Unemployment Assistance, conocido como PUA, utilizando la identidad de un familiar de 77 años que supuestamente desconocía la solicitud. Los fiscales alegan que Paulino afirmó falsamente que el familiar había trabajado para Madison Tax, su empresa de preparación de impuestos, y que cumplía con los requisitos para recibir asistencia.
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts habría desembolsado más de $44,000 relacionados con esa solicitud. Aproximadamente $39,330 fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de Paulino, fondos que, según la acusación, fueron utilizados para gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias a una cuenta de campaña.
El juez autorizó la liberación de Paulino bajo condiciones, que incluyen restricciones de viaje a solo dentro de Massachusetts y New Hampshire, la entrega de su pasaporte y la suspensión temporal de las operaciones de Madison Tax. Su próxima comparecencia está programada para el 7 de octubre de 2026.
El caso está siendo tratado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts bajo el número 26-cr-10231. Los cargos de fraude electrónico podrían conllevar hasta 20 años de prisión por cargo, mientras que las transacciones monetarias ilegales podrían conllevar hasta 10 años por cargo. Las acusaciones son alegaciones y Paulino se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
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