SANTO DOMINGO, 29 de agosto de 2026.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha exigido a las autoridades la aplicación del nuevo Código Penal en relación con el presunto fraude aduanero vinculado al tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana. La organización solicitó una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades en todos los niveles.
La declaración fue realizada por el exdiputado Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la FP, quien indicó que el nuevo Código Penal, junto con la Ley General de Aduanas 168-21, proporciona herramientas necesarias para perseguir con mayor rigor los delitos económicos relacionados con el desvío de mercancías en tránsito internacional.
Espinosa enfatizó que las investigaciones deben abarcar no solo a quienes participan directamente en el traslado de mercancías, sino también a quienes organizan, facilitan y se benefician de estas operaciones. "Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil", advirtió.
El dirigente político explicó que, dependiendo de las infracciones comprobadas, podrían configurarse delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios. Las consecuencias de estos delitos podrían incluir prisión, multas y el decomiso de mercancías y bienes utilizados en las operaciones ilícitas, tales como camiones, remolques e inmuebles.
Adicionalmente, Espinosa planteó que los recursos obtenidos de la comercialización ilegal podrían dar lugar a investigaciones por lavado de activos. También destacó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y solicitó investigar la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte y otros actores empresariales.
La FP advirtió que el ingreso irregular de mercancías destinadas al tránsito internacional afecta las recaudaciones del Estado y perjudica a comerciantes, importadores y productores que operan legalmente. La organización instó a profundizar las investigaciones, determinar la magnitud de las operaciones denunciadas y fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías en tránsito.
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