Orlando Espinosa advierte sobre debilidades en los controles aduaneros y plantea reformar la legislación para castigar con mayor severidad a las redes criminales.
SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos, propuso reformar la legislación dominicana para establecer penas de hasta 30 años de prisión contra el contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra, ante las revelaciones sobre redes de tráfico ilícito hacia territorio haitiano.
Orlando Espinosa, titular de esa secretaría, advirtió que las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales evidencian la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y revisar el tratamiento penal de estas operaciones, especialmente cuando comprometen la seguridad nacional.
El dirigente explicó que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla sanciones de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece penas que pueden alcanzar los 30 años para delitos específicos relacionados con el desvío de pertrechos oficiales.
Espinosa consideró que el país no puede continuar enfrentando las nuevas modalidades del crimen organizado con disposiciones concebidas principalmente para sancionar el contrabando comercial tradicional, cuando las redes criminales han demostrado una capacidad cada vez más sorprendente para utilizar los mecanismos del comercio internacional en operaciones que amenazan la seguridad nacional.
En ese sentido, cuestionó que bajo la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se hayan conocido casos de municiones de origen militar dominicano encontradas en poder de organizaciones criminales haitianas, una situación que, a su juicio, exige respuestas institucionales mucho más contundentes.
“Resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas. Sin embargo, bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estamos frente a una realidad que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad del crimen organizado. A esto se suman los casos de narcotráfico que han involucrado a dirigentes y legisladores del PRM, situaciones que también demandan explicaciones y responsabilidades. Lo que antes podía considerarse un problema de contrabando comercial hoy plantea desafíos que comprometen directamente la seguridad nacional”, expresó Espinosa.
El titular de Asuntos Aduanales y Puertos afirmó que esta realidad obliga al Congreso Nacional a revisar con urgencia las disposiciones legales vigentes, para evitar que las organizaciones dedicadas al tráfico de armamento puedan beneficiarse de tratamientos penales menos severos cuando sus operaciones se realizan mediante mecanismos aduaneros.
Como ejemplo de las modalidades de tráfico, citó los informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que hacen referencia a la intercepción en el puerto de Haina de un contenedor procedente de Miami, declarado como ajuares del hogar, en cuyo interior fueron encontrados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
También mencionó el caso de un segundo teniente del Ejército dominicano detenido junto a un ciudadano haitiano cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan, episodio que, según explicó, refleja los riesgos asociados al tráfico terrestre de municiones.
Espinosa recordó que los informes de Naciones Unidas también documentan la presencia de municiones con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, incautadas a organizaciones criminales haitianas, entre ellas la banda 400 Mawozo.
Ante estos hechos, planteó que las investigaciones no deben limitarse a quienes transportan las mercancías ilícitas, sino alcanzar a los organizadores, financiadores y beneficiarios de estas operaciones, así como a cualquier funcionario cuya participación pueda establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Entre las medidas propuestas figuran la armonización de las sanciones contempladas en la legislación aduanera y la Ley de Armas, el endurecimiento de las penas por reincidencia y la aplicación de sanciones accesorias, incluyendo la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la incautación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
El dirigente sostuvo que estas operaciones deben recibir un tratamiento penal acorde con su gravedad, al considerar que el tráfico ilícito de armamento trasciende las infracciones comerciales y representa una amenaza para la soberanía, la seguridad pública y la estabilidad nacional.
Asimismo, recordó que la Fuerza del Pueblo ha reclamado anteriormente una mayor fiscalización de las operaciones de tránsito internacional de mercancías, así como medidas contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas dentro del territorio dominicano.
Espinosa insistió en que las autoridades deben ofrecer explicaciones sobre las medidas adoptadas para impedir que los puertos, las aduanas y las plataformas logísticas del país sean utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de armamento.
El titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos reiteró que combatir estas redes requiere una respuesta integral del Estado, que combine controles efectivos, investigaciones judiciales, cooperación internacional y una legislación que establezca sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos contra la seguridad nacional.
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