Santo Domingo Este.- En un caso que ha consternado a la opinión pública, el tribunal impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida y medidas de protección a la nombrada Nancy Estervina de Jesús Castro, acusada de orquestar el secuestro e internamiento involuntario de su esposo, el ingeniero Juan Francisco López Yapor, con el fin de declararlo mentalmente incapaz y apoderarse de un patrimonio familiar valorado entre 60 y 70 millones de pesos.
El hecho, ocurrido originalmente en febrero de este año y que ha tomado un nuevo giro legal tras el arresto de la fémina, se desencadenó en medio de un proceso de divorcio y disolución societaria de la constructora familiar que ambos compartían. Según las declaraciones del afectado y su abogado, Héctor Quiñones, la acción delictiva se ejecutó apenas dos días después de que se notificara una oposición a pago para congelar unos 140,000 euros y fondos adicionales en pesos dominicanos, debido a fuertes indicios de que la imputada estaba distrayendo los recursos de la empresa.
De acuerdo con el desglose de los acontecimientos, tres hombres armados con tácticas de engaño penetraron en la oficina del ingeniero en Santo Domingo Este, lo golpearon, lo derribaron y le inyectaron una sustancia adormecedora por la nuca. El propio López Yapor relató que, mientras gritaba por auxilio, un empleado de contabilidad le rogó a su entonces esposa que interviniera, a lo que ella respondió tajantemente: "No, déjenlo que eso es así". Posteriormente, la mujer fue captada en video limpiando la escena del crimen mientras los atacantes se llevaban al profesional.
La víctima permaneció secuestrada durante tres días en la Clínica de Psiquiatría Renova, un centro de salud donde, bajo la supuesta autorización de una doctora de apellido Quero, fue recluido en una habitación oscura y sometido a un régimen de amansamiento forzado. El ingeniero denunció que le inyectaban sustancias en los glúteos a cada hora y le obligaban a ingerir cócteles de hasta cinco pastillas bajo la amenaza de recibir más inyecciones, medicamentos destinados al tratamiento de la esquizofrenia que le terminaron provocando una parálisis facial.
El rescate del ingeniero fue ejecutado de manera tortuosa por sus hermanas y su abogado, quienes tuvieron que auxiliarse del Sistema 911 y la Policía Nacional para sacarlo por la fuerza ante la negativa del centro médico. Peritajes posteriores realizados por el Ministerio Público, así como un informe independiente del Centro Ana Simó, certificaron que el ingeniero goza de plenas facultades mentales y no presenta ninguna afección psicológica que justificara un internamiento involuntario.
La parte legal de la víctima criticó duramente la actuación del fiscal titular de la provincia de Santo Domingo, Milcíades Guzmán, a quien acusaron de despojar del expediente a la fiscal investigadora original, María Sánchez, de la unidad de violencia de género, para intentar minimizar la gravedad del caso calificándolo como un "simple problema intrafamiliar". El jurista cuestionó que la fiscalía solicitara la medida menos gravosa (presentación periódica) y que, a cinco meses del suceso, las autoridades no hayan identificado ni arrestado a los tres hombres que ejecutaron la agresión física, cuyos rostros se observan claramente en las grabaciones forenses.
