Por: Ing. Marco Tezanos
En la República Dominicana, recibir una factura de electricidad muy por encima del consumo habitual se ha convertido para muchos usuarios en una situación que genera preocupación, impotencia, en ocasiones, la sensación de estar indefensos frente a las empresas distribuidoras de electricidad. El problema no es solamente cuánto se paga, sino qué ocurre cuando el ciudadano considera que la factura no corresponde con su consumo real y busca una respuesta.
Las denuncias y quejas de usuarios por las llamadas “altas facturaciones” de las empresas distribuidoras de electricidad no son nuevas. Lo preocupante es que, para muchos consumidores, reclamar se convierte en otra odisea. El ciudadano se enfrenta a una empresa que le factura, luego debe reclamar, esperar una respuesta y, si no queda satisfecho, continuar el proceso ante los organismos correspondientes.
Dichos reclamos por alta facturación, consumos estimados, cargos incorrectos, facturas sin uso de energía y otros problemas relacionados con el servicio eléctrico están reconocidas oficialmente como motivos de reclamación. Es decir, no se trata de una preocupación inventada por los usuarios: el propio sistema regulatorio contempla estos casos y establece mecanismos para reclamarlos.
Entonces surge una pregunta legítima: ¿quién defiende al usuario cuando siente que una factura es injusta?
En teoría, existen mecanismos para hacerlo. El usuario debe reclamar inicialmente ante la empresa distribuidora. Esta tiene la obligación de responder por escrito y, según la información oficial de la Superintendencia de Electricidad (SIE), el plazo general es de diez días laborables. Si la respuesta no satisface al usuario o la distribuidora no responde, el ciudadano puede acudir a PROTECOM, organismo encargado de atender y dirimir las reclamaciones de los consumidores del servicio eléctrico.
El problema comienza cuando esos procedimientos, que sobre el papel parecen claros, no se traducen para el ciudadano en una solución rápida, comprensible y efectiva.
Para una familia que recibe una factura que duplica o triplica su consumo habitual, el asunto no es simplemente administrativo. Una factura elevada puede significar sacrificar alimentos, medicamentos, transporte u otros gastos esenciales para poder mantener el servicio. Y cuando el usuario reclama, muchas veces no quiere favores: quiere que se compruebe si realmente consumió la energía que se le está cobrando.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es si el sistema está funcionando con la misma eficacia para el consumidor que para la empresa. ¿Quién verifica de manera independiente las lecturas? ¿Quién explica al ciudadano por qué su consumo aumentó de manera extraordinaria? ¿Qué sucede cuando existen facturaciones estimadas o errores en la medición? ¿Cuánto tiempo debe esperar una persona para obtener una respuesta definitiva?
La propia SIE reconoce que existen mecanismos específicos para reclamar una facturación alta y otros errores de facturación. PROTECOM, por su parte, dispone incluso de una plataforma para presentar reclamaciones y consultar su estado.
Por eso, quizás el debate no debería centrarse únicamente en ¿por qué llegó tan alta mi factura?, sino en una pregunta mucho más profunda: ¿qué tan protegido está realmente el usuario dominicano frente a una facturación que considera incorrecta?
Se necesita mayor transparencia en las lecturas de los medidores, explicaciones claras sobre los aumentos extraordinarios del consumo, respuestas oportunas a las reclamaciones y, sobre todo, una supervisión que genere confianza. El usuario no puede sentirse como la parte más débil de una relación en la que, además, depende de un servicio esencial.
La energía eléctrica no es un lujo. Es indispensable para la vida moderna, para trabajar, estudiar, conservar alimentos y mantener funcionando un hogar. Por eso, una factura injustificada no debe convertirse en una condena económica para una familia.
La defensa del consumidor no puede quedarse en formularios, números de reclamación y procedimientos. Debe traducirse en respuestas, investigaciones y soluciones.
Al final, la pregunta sigue vigente y merece una respuesta de las autoridades: cuando el ciudadano siente que nadie escucha su reclamo por una alta facturación eléctrica, ¿quién lo defiende?
