Santo Domingo. – Sectores patrióticos y defensores de la soberanía nacional han expresado su profunda preocupación ante la reciente sentencia TC/0067/25 del Tribunal Constitucional, la cual ordena al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso de naturalización ordinaria a favor de 32 ciudadanos haitianos, pese a que existen serias dudas sobre la legalidad y vigencia de los mecanismos bajo los cuales se iniciaron dichos trámites.
La referida sentencia acoge un amparo de cumplimiento basado en los decretos 262-2020 y 297-21, emitidos por los expresidentes Danilo Medina y Luis Abinader, respectivamente, para conceder la nacionalidad dominicana por vía de naturalización. Sin embargo, diversos juristas y líderes sociales advierten que esta decisión sienta un precedente sumamente peligroso, al abrir la puerta a la nacionalización masiva de extranjeros, sin el debido apego a los criterios constitucionales establecidos.
“La Constitución de la República es clara: para ser dominicano por nacimiento se requiere que ambos padres sean dominicanos o, en su defecto, que se cumplan estrictamente los procedimientos de naturalización conforme a la ley y a la soberanía nacional,” expresó un jurista consultado. “Permitir que decretos presidenciales pasados sean interpretados como obligaciones automáticas para otorgar la ciudadanía sin control, representa una amenaza directa a la identidad y estabilidad del Estado dominicano.”
El fallo del TC además impone una astreinte de RD$5,000 diarios al Ministerio de Interior y Policía por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia, presionando así a la institución a cumplir con un mandato que podría contradecir la voluntad del constituyente y las normas migratorias vigentes.
De igual forma, se ha cuestionado el hecho de que muchos de los beneficiarios de estos procesos no cumplieron con los requisitos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), cuyo plazo legal venció en 2015. La jueza Alba Beard Marcos, en su voto disidente, recordó que los procedimientos invocados por los recurrentes carecen de vigencia legal, por lo que el Tribunal Constitucional no debió acoger el recurso.
Llamado a la Acción Nacional
Ante este panorama, diversas organizaciones civiles y ciudadanos exigen al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y a las instancias judiciales correspondientes una revisión urgente y exhaustiva de esta sentencia, así como la adopción de medidas que garanticen el respeto a la Constitución y a la soberanía de la República Dominicana.
“No se trata de xenofobia ni de odio, se trata de defender la dominicanidad, nuestras leyes y el derecho soberano de decidir quién puede ser dominicano y quién no,” señalaron en un comunicado conjunto.
La naturalización es un acto soberano del Estado, no un derecho automático. Permitir que decisiones administrativas del pasado se impongan sin filtros ni revisión constitucional representa un grave riesgo para el control migratorio y la identidad nacional.