Santo Domingo, 7 de mayo de 2025 – El Ministerio Público recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por considerar que ha actuado con "abierta parcialidad" a favor de los imputados en el proceso judicial que se sigue contra Hugo Beras, José Gómez y otros acusados de integrar una red de corrupción vinculada al contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La recusación fue presentada por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien señaló que la magistrada ha favorecido de forma injustificada a varios de los implicados en el expediente, según informó la Procuraduría General de la República.
Entre los hechos que motivaron la recusación, el Ministerio Público citó la autorización concedida a José Gómez para viajar al extranjero, incluyendo destinos como Disney World en Estados Unidos y Panamá, a pesar de tener impedimento de salida del país. También se cuestionó la devolución de armas de fuego que estaban bajo custodia y registradas a nombre de terceros.
“Estas decisiones contradicen precedentes de la misma jueza en casos similares, donde no concedió los mismos privilegios”, aseguró la Pepca en un comunicado.
Los imputados en este caso, entre ellos Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Gómez, son señalados de integrar una red de crimen organizado dedicada al desfalco, estafa al Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
También enfrentan cargos Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, todos vinculados al Intrant o a empresas contratistas del proyecto de semaforización.
Durante la operación, el Ministerio Público realizó allanamientos en varias localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, donde se incautaron cientos de evidencias que sustentan las acusaciones.
La Procuraduría calificó la investigación y los procedimientos realizados como una de las operaciones “más exitosas” contra el crimen organizado en el país.