La Romana, República Dominicana. El Ministerio Público arrestó a tres personas investigadas por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares realizadas a través de dos sociedades comerciales, en un caso que registra pérdidas iniciales superiores a RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.
Los investigados fueron identificados como Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, quienes estarían vinculados a las operaciones de las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S. A., y AERR Group, S. R. L.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 se habrían recibido y canalizado recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo acuerdos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.
Una de las empresas no tenía autorización financiera
La investigación estableció que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S. A., estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria. Sin embargo, AERR Group, S. R. L., no se encontraba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon recibos de ingresos, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, documentos relacionados con cuentas por pagar, equipos informáticos, teléfonos celulares y tres vehículos. También incautaron dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.
Investigación por presuntos delitos financieros
El órgano persecutor atribuye a los investigados posibles hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.
En la etapa inicial del proceso, el Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva y que el expediente fuera declarado complejo.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2026, un tribunal impuso un año de prisión preventiva a los tres imputados y declaró complejo el caso. Las autoridades continúan investigando el destino de los recursos, la identificación de otras posibles víctimas y el alcance total de las operaciones examinadas.
La medida de coerción no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse conforme al desarrollo del proceso judicial.
Fuente: Ministerio Público de la República Dominicana.
