Nacional. Este martes, Participación Ciudadana (PC) hizo público su cuarto informe de observación electoral, donde denuncia el presunto uso de recursos del Estado por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en medio de la campaña política.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual”, expreso PC.
La organización destacó el «abuso en la inversión publicitaria del Estado» que consignó para este año 8,163 millones de pesos. De estos más de 3 mil se gastaron en el primer trimestre del año.
Publicidad en la campaña
El informe detalla las presuntas violaciones cometidas por el actual presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, en dos actividades de campaña.
Según PC, una de las actividades señaladas es un spot publicitario sobre la seguridad en la frontera. Este culmina con la imagen del gobierno y el eslogan electoral «esto es cambio».
En este spot, se emplean imágenes de los militares dominicanos en la frontera, así como equipos militares y espacios de seguridad. Además, otros elementos que podrían estar financiados con fondos públicos.
La segunda violación, según el informe, se refiere a un documental difundido a partir del 8 de mayo en diversos medios de comunicación. En este se utiliza material de imagen y sonido perteneciente al Estado dominicano.
Aunque no se confirmó que este documental se produjo con recursos públicos, PC sostiene que su utilización para fines electorales. Esto debido a que dentro del Palacio Nacional está prohibida la filmación, ya que podría favorecer la candidatura a la reelección.
El informe de PC también destaca el crecimiento exponencial del gasto en publicidad gubernamental en los últimos años, alcanzando cifras significativas.
Además, aseguró que la publicidad oficial suele incluir información sobre supuestos «logros gubernamentales», que en realidad constituyen propaganda electoral.
Por último, PC hace hincapié en la dificultad de extraer conclusiones precisas sobre el «uso de programas públicos con fines electorales», debido a que estos quedan englobados dentro de partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado.
Sin embargo, denuncian el posible uso selectivo de programas de bienestar social para favorecer políticamente al gobierno de turno.