Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo que ha iniciado una investigación de oficio sobre tres procedimientos de compras realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), relacionados con la adquisición de utilería escolar.
Mediante una nota de prensa, la DGCP indicó que también mantiene abierta una investigación para analizar las solicitudes del Inabie sobre la inhabilitación de ciertos proveedores en el Registro de Proveedores del Estado (RPE). El objetivo es determinar si en dichos procesos participaron empresas con conflictos de interés o que violaron las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Estas acciones se realizan en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, entidad encargada de profundizar las indagatorias sobre el manejo de mercancías, presuntamente importadas, que fueron encontradas en los almacenes del Inabie. También se evaluará la actuación de la unidad requirente, el rol de los peritos, y del personal responsable de la evaluación de los informes técnicos.
La DGCP explicó que utilizará, como parte del proceso, los informes emitidos por el Programa de Cumplimiento Regulatorio y el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva, los cuales fueron generados durante estos procedimientos.
Como medida cautelar, el órgano rector anunció que solicitará a la Contraloría la suspensión del registro de los contratos suscritos con los proveedores denunciados, hasta que concluyan las investigaciones.
Además, la DGCP aseguró que entregará toda la documentación requerida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) para que determine si existieron indicios de colusión o conflictos de interés en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
Finalmente, la entidad informó que, hasta el momento, la Dirección de Investigaciones y Reclamos no ha recibido solicitudes de medidas cautelares ni recursos administrativos por parte de los oferentes involucrados. Los tres procesos investigados resultaron en la adjudicación de 457 contratos a 296 proveedores, por un monto que supera los RD$6,000 millones, con un total de 1,420 ofertas presentadas.