El Centro de Retención Vehicular, conocido como «Canódromo El Coco» y ubicado en la avenida Monumental, ha dejado de ser utilizado para la salvaguarda de vehículos retenidos por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Desde 2022, cuando Hugo Beras, entonces director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció la construcción de un nuevo canódromo para reemplazar al "Coco", la población ha estado a la espera de la conclusión de la obra. Ahora, casi dos años después, la pregunta persiste: ¿cuándo será entregado?
Actualmente, el personal de la Digesett solo acude al antiguo canódromo para abastecerse de combustible. Los Centros de Retenciones Vehiculares en la avenida Independencia, Villa Mella (La 28), La Victoria y Marbella (en Autopista Nordeste) están siendo utilizados en su lugar.
En diciembre de 2022, se anunció que los terrenos de El Coco fueron vendidos al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. El Banco Central informó que la venta de la parcela denominada "102-B" se realizó de manera "transparente y competitiva".
En el terreno del nuevo canódromo, próximo a la comunidad El Pedregal, de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, las maquinarias, empleados e ingenieros continúan trabajando. Hasta el momento, hay dos edificios construidos y el resto del terreno sigue siendo adecuado. Sin embargo, el personal en el sitio no está autorizado a proporcionar información sobre los avances del proyecto.
Inicialmente, se programó una inversión de poco más de 500 millones de pesos, con una fecha de conclusión en julio de 2023, que posteriormente se pospuso para diciembre de ese año. Aún hoy, el trabajo continúa para entregar el moderno canódromo, que incluirá una estación de combustible, área de recepción, sala de espera, área de caja, monitoreo y seguridad, comedor, estacionamiento, depósito vehicular, área de chatarreo y un taller. Hugo Beras informó que el nuevo centro tendrá capacidad para retener 1,300 vehículos.
Agresión en "El Coco"
En abril de 2022, durante una inspección en el antiguo Canódromo El Coco, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, junto a periodistas, fueron agredidos física y verbalmente por miembros de la Digesett tras diversas denuncias de irregularidades en la incautación de vehículos. En mayo de 2023, el sargento de la Policía Nacional, Nathanael Javier Javier, y Starling Antonio Ramírez Sierra fueron condenados a un año de prisión y al pago de una multa. Actualmente, continúa el juicio de fondo a varios imputados.