Por Juan Molina
Los gobiernos que han dirigido los destinos del país en la última década, han tenido como reto principal en materia de gobernanza y economía, la implementación de una Reforma Fiscal, como un medio de mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer las finanzas públicas, e incrementar los ingresos del Estado.
Vale decir que, según un artículo de la página oficial del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) establece que; una reforma tributaria integral podría aumentar el nivel del PIB en aproximadamente el 1 por ciento al cabo de 10 años y el 2 por ciento al cabo de 30 años. Los recursos públicos adicionales obtenidos gracias a la reforma también crearían espacio presupuestario para aumentar la inversión pública en infraestructura resiliente a choques climáticos y que pueda mitigar las pérdidas debidas a sucesos relacionados con el cambio climático, que son notables para el país.
Desde luego, en teoría y en los aspectos tecnocráticos todo parece óptimo, pero en la praxis, todo toma otro ribete.
En otros términos, podemos observar que los países donde se han llevado a cabo reformas fiscales han sucumbido en estallidos sociales, dado que, es la clase baja y media, la que recibe los impactos directos del aumento de los tributos, muy pocos gobernantes (por no decir ninguno), han salido vigorosos ante esta situación.
De la misma manera, tenemos sobrados ejemplos en los últimos años, de países que intentando poner en marcha una reforma fiscal, se han subsumido en una hecatombe social, como podemos citar a; Colombia (2019-2021), Hungría (2022), Chile (2019), Ecuador (2019), y Argentina (2024), entre otros.
La República Dominicana no sería la excepción, dado que, aunque en el ámbito económico tiene una inflación de un 4.23%, y 3.46% interanual para el mes de junio, a pesar de que, en el encuadre inflacionario la economía se encuentra estable, no es del todo certera. Esto debido a que, hacen 2 años la inflación se encontraba en un 8.81%, y luego de la pandemia, el precio de los productos y servicios se han incrementado en más de un 35%, en comparación a años anteriores.
Por otra parte, si nos vamos al ámbito de los salarios, podemos observar que existe una situación más compleja aún, debido a que, el salario promedio de un trabajador dominicano es de RD$ 21,496.90 aprox., y el precio de la canasta básica familiar oscila los RD$ 44,967.00, habiendo esta aumentado un 3.3% con respecto al año anterior, por lo que, con un salario promedio solo se puede costar el 47.81 %, o sea menos de la mitad del costo total de la canasta básica familiar.
Por lo que, no sería tan oportuno sacrificar a las clases populares, las cuales siempre son las víctimas más afectadas de estas políticas gubernamentales. Más bien, lo que se consideraría más congruente, es llevar a cabo un plan de racionalización del gasto público, y un plan de austeridad.
Esto debido a que, tenemos muchos funcionarios con salarios de lujo, de los cuales hay al menos 56 funcionarios que devengan más que el primer mandatario de la nación, con viáticos costosos, que sobre can en las espaldas del pueblo dominicano, además de muchas políticas de subsidio que exceden más de lo necesario.
Por otra parte, sería óptima la reducción y eliminación de muchas instituciones y personal público que son residuos. Un ejemplo de ello, es nuestro congreso con 222 legisladores de ambas cámaras, y donde tienen presupuesto para ayudas sociales, cuando la función de un legislador no es la de repartir raciones alimenticias, sino la de fiscalizar y aprobar leyes que vayan en pos del bienestar público.
Por último, la creación de nuevos Distritos Municipales y Municipios por; demografía, desarrollo socioeconómico, y geografía, como lo establece la ley 176-07 es otro costo excesivo, debido a que, una mayor cantidad no es sinónimo de mejor representación, sino que, sería más factible precisar mayor calidad, como lo precisan las frases siguientes; “La calidad es más importante que la cantidad. Un home run es mucho mejor que dos dobles” dicho por Steve Jobs, “Calidad significa hacerlo bien cuando incluso nadie te está mirando” dicho por Henry Ford.
La creación de nuevos Distritos Municipales y Municipios por los requisitos de la ley 176-07, no es la mejor vía para poder resolver el problema de la deficiencia de los gobiernos municipales.
Ya que por ejemplo, El Municipio de Bogotá, Colombia, tiene una población de más de 7 millones de habitantes, y una extensión territorial de más de 1.600 km². Aun así, su actual Alcalde el Sr. Carlos Fernando Galán, en la Encuesta Percepción País 2024 efectuada por Guarumo – EcoAnalítica (Colombia), salió como el Alcalde mejor valorado por su buena labor de gestión en el mismo, quedando evidenciado que la extensión territorial, no es un impedimento a considerarse para una gestión eficaz.