Bogotá, Colombia.– La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a cinco exintegrantes de las Fuerzas Militares colombianas a cumplir cerca de 30 años de sanciones restaurativas en conjunto, tras encontrarlos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de 35 civiles que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos durante operaciones militares.
Los sancionados son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, así como los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes ocuparon diferentes posiciones de mando en unidades militares que operaban en el departamento de Antioquia.
La decisión judicial establece sanciones individuales que van desde cinco años, seis meses y diez días hasta seis años y seis meses. Estas medidas contemplan restricciones de derechos y libertades, además de mecanismos de vigilancia para garantizar que los responsables cumplan con las obligaciones impuestas.
Crímenes cometidos entre 1997 y 2007
La sentencia corresponde a los casos relacionados con el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y otros hechos ocurridos en esa localidad y zonas cercanas del noroeste colombiano.
La JEP determinó que los cinco exmilitares tuvieron distintos niveles de participación en hechos constitutivos de desaparición forzada, homicidio de personas protegidas y asesinato. Los acontecimientos investigados se produjeron entre 1997 y 2007.
Los denominados “falsos positivos” consistieron en ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente eran presentados como integrantes de grupos guerrilleros fallecidos en supuestos enfrentamientos, con el propósito de hacer pasar los crímenes como resultados de operaciones militares.
Medidas de reparación a las víctimas
Como parte de las sanciones, los exmilitares deberán participar en actividades orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la recuperación de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.
También se contemplan labores de desminado humanitario, recuperación de infraestructura rural y apoyo a iniciativas productivas en las comunidades afectadas por la violencia.
Antes de conocerse la sentencia, los condenados habían participado en actividades restaurativas relacionadas con educación sobre el riesgo de minas antipersonales, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y caminos, formación en género y elaboración de murales conmemorativos.
La JEP recordó que, según sus investigaciones, al menos 6,402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia entre 2002 y 2008, periodo en el que se concentró una parte importante de estos crímenes.
La decisión representa un nuevo avance en los procesos de justicia transicional dirigidos a establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y promover acciones de reparación en las comunidades afectadas por el conflicto armado colombiano.
Por: SOFÍA YAISMEL
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