Santo Domingo, El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha manifestado su firme apoyo a la independencia y autonomía que deben caracterizar la actuación de los jueces, en respuesta a una serie de cuestionamientos y presiones que han surgido en relación con la magistrada Fátima Veloz. La jueza Veloz es responsable de conocer la medida de coerción contra los propietarios de la discoteca Jet Set, implicados en un trágico incidente que cobró la vida de 236 personas.
Este caso ha generado una conmoción social significativa, provocando una oleada de reacciones en los medios, reclamos de la ciudadanía y pronunciamientos tanto del Ministerio Público como de los abogados de las víctimas. Según el CARD, estas reacciones han rebasado los límites del respeto institucional y del debido proceso legal.
La magistrada Veloz, en su rol de autoridad judicial, dictó una medida de coerción alineada con los principios del derecho penal y procesal penal dominicano. Esta decisión, respaldada por su facultad constitucional y legal, incluye una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país al propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y a su hermana Maribel, acusados de homicidio involuntario. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión para Espaillat y prisión domiciliaria para su hermana, medidas que la jueza evaluó conforme a criterios jurídicos.
El CARD ha criticado la solicitud del Ministerio Público al considerarla "desproporcionada", argumentando que, según las normas vigentes, la pena eventual podría variar entre tres meses y dos años, salvo que se presenten agravantes probadas. "No podemos permitir que el sistema de justicia se distorsione por decisiones que parezcan responder más al clamor popular que a la razón jurídica", afirmó la institución.
Además, el colegio exhortó al Congreso Nacional a realizar una reforma estructural urgente del Código Penal dominicano, para dotar al país de un marco jurídico moderno y coherente con la realidad social actual. Reconociendo el dolor de las familias afectadas y la "legítima" indignación de la ciudadanía, el CARD subrayó que la justicia no debe ser motivada por emociones.
"Sabemos que esta tragedia ha conmocionado a la nación y ha tocado fibras sensibles de una sociedad cansada de la violencia. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos defender con firmeza la institucionalidad y entender que no hay justicia posible fuera de la ley", concluyó el CARD.