Santo Domingo. – Mientras miles de dominicanos de avanzada edad como don Olegario sobreviven sin pensión ni seguro médico, trabajando en condiciones precarias, el Gobierno continúa otorgando pensiones especiales de hasta RD$200,000 a exfuncionarios y allegados políticos mediante decretos presidenciales.
Una investigación periodística revela que estas pensiones, sustentadas en la Ley 379-81, benefician a personas que en muchos casos no cumplen los requisitos mínimos de tiempo de servicio, pero han tenido vínculos directos con el poder político actual o han ocupado cargos públicos de forma limitada.
Entre los casos más notorios se encuentran Gabriel Alcange Castro González, con una pensión de RD$200,000, y Carmen Rosa Morales Maldonado, quien recibe RD$185,190. También figuran nombres como Ondina del Tejo de Bonetti (RD$150,000), Pedro Reynoso Jiménez (RD$120,000), y Cruz María Ynmaculada Olivares Martínez, cuya pensión supera su último salario en el Estado.
En contraste, ciudadanos comunes como don Olegario, un gomero de 63 años, enfrentan el abandono institucional tras décadas de trabajo informal, sin acceso a pensiones ni asistencia regular del Estado, a pesar de que la Ley de Seguridad Social contempla pensiones solidarias para casos de vulnerabilidad.
El informe denuncia que las pensiones privilegiadas han sido utilizadas como mecanismo político, beneficiando a figuras del PRM y del antiguo PRD, incluidos exfuncionarios del gobierno de Hipólito Mejía y personas cercanas al círculo del presidente Abinader. En muchos casos, las disposiciones han sido emitidas sin transparencia ni justificación pública.
Algunos beneficiarios, como Leónidas Caraballo Caba y Modesto Reynoso, fueron pensionados con RD$100,000 a pesar de no reunir los años mínimos requeridos por la ley. Otros, como Armando Rodríguez Pelegrín, han sido premiados por su respaldo político en campañas recientes.
Esta situación pone en evidencia una profunda desigualdad en el sistema de pensiones dominicano, donde la cercanía al poder garantiza jubilaciones privilegiadas, mientras que la mayoría de los trabajadores envejecen sin ninguna garantía para subsistir con dignidad.
Organizaciones sociales y expertos en políticas públicas han reclamado mayor transparencia y equidad en la asignación de pensiones, así como el fortalecimiento del sistema solidario para beneficiar a quienes realmente lo necesitan, sin que la jubilación se convierta en un premio político.