SANTO DOMINGO.– La Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) advirtió sobre preocupantes similitudes entre el proyecto de modificación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, actualmente en debate en el Congreso Nacional, y la derogada Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue anulada por el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad.
Durante una rueda de prensa el pasado lunes, la ACS expresó su preocupación por varios artículos del proyecto, destacando que podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar negativamente al sector de suplidores del Estado.
Entre los puntos más controversiales, la asociación señaló el artículo 11, numeral 21, que otorga a la Dirección General de Contrataciones Públicas facultades amplias para requerir información, incluso de personas no relacionadas directamente con procesos de contratación. Según la ACS, esta disposición podría derivar en abusos y constituir una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Otro aspecto crítico es el artículo 111, que restringe el retiro o modificación de propuestas tras la apertura técnica, sin considerar situaciones de fuerza mayor o errores, lo que podría penalizar de manera injusta a los proveedores.
Asimismo, el artículo 152, que limita la subcontratación al 30 %, fue catalogado por la ACS como inapropiado, especialmente para sectores como la construcción, donde esta práctica es esencial para garantizar la eficiencia en la ejecución de proyectos.
En cuanto a las sanciones, el artículo 4 contempla inhabilitaciones de hasta diez años por incumplimientos, sin tomar en cuenta factores externos como retrasos en los pagos estatales o la falta de permisos emitidos por otras instituciones gubernamentales, lo que podría perjudicar injustamente a los contratistas.
Zoilo Taveras, presidente de la ACS, instó a los legisladores a revisar a fondo estas disposiciones, argumentando que su implementación podría generar serias repercusiones para el sector de suplidores y el desarrollo económico del país.
"Es fundamental que se reconsideren estos puntos para evitar daños irreparables al sector y al bienestar económico de la República Dominicana", concluyó Taveras.