Santo Domingo. La Embajada de la República Popular China en República Dominicana reaccionó a las declaraciones de un funcionario del Gobierno estadounidense sobre el cierre de una fábrica de cartón que operaba en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y que era administrada por ciudadanos chinos.
La reacción se produjo luego de que Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, felicitara a las autoridades dominicanas por la clausura del establecimiento, al que atribuyó operaciones sin los permisos correspondientes, almacenamiento irregular de combustible y presuntas violaciones a las disposiciones laborales.
A través de un comunicado, la representación diplomática china cuestionó que Washington utilizara este caso particular para emitir señalamientos contra las empresas de capital chino establecidas en el país.
La Embajada consideró que esas declaraciones buscan generar discordia en la cooperación entre China y República Dominicana y calificó los comentarios del funcionario estadounidense como expresiones con «intenciones insidiosas».
Asimismo, sostuvo que el Gobierno chino exige a sus ciudadanos y empresas respetar las leyes de los países donde desarrollan sus actividades y afirmó que respeta la aplicación de las normas dominicanas por parte de las autoridades competentes.
La misión diplomática también defendió los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y empresarios chinos, al advertir que no debe utilizarse un caso particular para generalizar ni estigmatizar a toda esa comunidad empresarial.
En su pronunciamiento, China recordó que República Dominicana es un Estado soberano e independiente y que la aplicación de sus leyes constituye un asunto interno que corresponde a las autoridades nacionales.
El caso ha generado pronunciamientos de las representaciones diplomáticas de China y Estados Unidos, luego de la intervención de las autoridades dominicanas contra la fábrica Cartesa, en medio de las discusiones sobre el cumplimiento de las normas comerciales, laborales y de seguridad por parte de las empresas extranjeras que operan en el territorio nacional.
