Una mujer dominicana de 45 años fue sentenciada a 27 meses de cárcel en Estados Unidos tras ser encontrada culpable de participar en un esquema de fraude contra los programas de asistencia por desempleo implementados durante la pandemia del COVID-19, mediante el cual los implicados obtuvieron ilegalmente más de 550,000 dólares.
La condenada, identificada como Karin L. Contreras, quien residía legalmente en territorio estadounidense, reconoció su participación en una conspiración que utilizaba datos personales robados para gestionar solicitudes fraudulentas de beneficios económicos.
Además de la pena de prisión, la jueza federal Beryl A. Howell dispuso que Contreras cumpla dos años de libertad supervisada y devuelva un total de 551,674 dólares como compensación por los fondos sustraídos. La información fue ofrecida por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La mujer se declaró culpable el 10 de julio de 2026 del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. Aunque el Ministerio Público había solicitado una condena de 41 meses, finalmente el tribunal fijó la sentencia en 27 meses de prisión.
La operación fraudulenta se mantuvo durante nueve meses
Las investigaciones judiciales establecieron que la estructura delictiva funcionó entre junio de 2020 y marzo de 2021. Durante esos meses, Contreras y sus cómplices utilizaron identidades ajenas para tramitar beneficios de desempleo de manera ilegal.
A través de estas solicitudes consiguieron tarjetas prepagadas para retirar dinero en cajeros automáticos. En ellas fueron depositados fondos que superaban el millón de dólares. La mayor parte de las tarjetas fue enviada a una dirección ubicada en Washington, D. C., próxima al lugar donde vivía Contreras.
Posteriormente, los integrantes de la red retiraban el dinero en distintas operaciones, respetando un límite diario de 1,000 dólares por tarjeta.
Los documentos del caso señalan que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras empleó directamente 12 de estas tarjetas y extrajo aproximadamente 23,000 dólares en cajeros automáticos de la capital estadounidense.
Aunque las solicitudes fraudulentas representaron más de un millón de dólares, el grupo consiguió apropiarse de más de 550,000 dólares de los fondos destinados a las ayudas por desempleo.
Autoridades federales investigaron el caso
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, señaló que este tipo de acciones perjudicó programas económicos que fueron creados para respaldar a ciudadanos afectados por la crisis provocada por la pandemia.
El proceso investigativo estuvo a cargo de agentes de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, junto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Finalmente, la acusación fue presentada por fiscales del Departamento de Justicia, como parte de las acciones federales para perseguir el uso ilegal de los recursos públicos destinados a la asistencia social.
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