Santo Domingo. Un grupo de abogados presentó una querella formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y varios agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), a quienes atribuye presuntas responsabilidades en muertes de civiles registradas durante operativos policiales reportados como intercambios de disparos.
La acción judicial fue impulsada por los juristas Carlos Balcácer, Valentín Medrano y otros profesionales del derecho, quienes solicitan que el Ministerio Público investigue las circunstancias en que se produjeron estos fallecimientos y determine si hubo actuaciones contrarias a la ley.
Los abogados sostienen que existen casos en los que las versiones oficiales sobre supuestos enfrentamientos deben ser examinadas a partir de pruebas documentales, testimonios y grabaciones audiovisuales que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.
Cuestionan los procedimientos policiales
Entre los principales cuestionamientos planteados por los querellantes figuran el manejo de las escenas, la preservación de las evidencias y la identificación de las armas de fuego que supuestamente se utilizan durante los enfrentamientos.
Carlos Balcácer afirmó que en determinados casos no se habrían cumplido adecuadamente los protocolos de investigación y cuestionó que las escenas fueran intervenidas sin esperar, según su denuncia, la llegada del médico legista.
El jurista también sostuvo que algunas grabaciones podrían contribuir a esclarecer la participación de agentes policiales en hechos que terminaron con la muerte de ciudadanos.
Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los abogados y deberán ser examinados por las autoridades competentes para establecer si existen elementos que sustenten las acusaciones.
Señalan al director policial y a agentes del DICRIM
La querella incluye al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García; al comandante del DICRIM, Alexander Reyes; y a los agentes Félix Gómez, Domingo Montero y Belén Morel.
Los abogados consideran que las actuaciones denunciadas ameritan una investigación penal para determinar las posibles responsabilidades individuales y establecer si se produjeron violaciones de los procedimientos legales durante los operativos.
Asimismo, han cuestionado el uso de la denominada «clave 29», expresión sobre cuya aplicación solicitaron explicaciones a las autoridades policiales.
Piden investigar las muertes denunciadas
La presentación de la querella se produce después de que los juristas acudieran el 12 de octubre a la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación sobre las muertes que atribuyen a actuaciones de agentes policiales.
En ese momento, advirtieron que recurrirían a la vía judicial si no recibían una respuesta satisfactoria a sus planteamientos.
Los abogados también exhortaron a los familiares de personas fallecidas en circunstancias similares a presentar sus denuncias ante el Ministerio Público y aportar los documentos y evidencias disponibles para contribuir al esclarecimiento de cada caso.
La querella busca que las autoridades investiguen los hechos denunciados y establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. La presentación de la acción judicial no implica que las personas señaladas hayan sido declaradas culpables.
