La impunidad para los empresarios vinculados con los expedientes de corrupción instrumentados por el Ministerio Público sigue a toda marcha.
La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidió durante una audiencia de procedimiento penal abreviado, la disolución y otras sanciones para dos empresas vinculadas a la Operación Coral.
Se trata de las empresas Meljo Comercial y Optumus, E.I.R.L., las cuales fueron separadas del caso debido a la ausencia de sus representantes legales. Ambas están acusadas de desfalcar al Estado por más de mil millones de pesos.
Según el representante del Ministerio Público, Jonathan Pérez, la jueza también ordenó la clausura de los locales y una multa de tres mil salarios mínimos, así como el pago de 20 millones de pesos cada una a favor del Estado Dominicano.
Explicó que también se decidió el decomiso de los bienes a nombre de dichas empresas, las cuales estaban registradas a nombre de dos testaferros. Sin embargo, según el órgano acusador, sus verdaderos dueños son Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y Johanna Lucía Rodríguez Jiménez.
El fiscal precisó que para esta tarde se espera que se le conozca el procedimiento penal abreviado a las empresas S.S.A. Corporation, S.O.S. Carretera, S.R.L, cuyos representantes no han dado la cara, por lo que el Ministerio Público tienen redactado una solicitud de rebeldía si no se presentan hoy ante la jueza.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará el jueves 6 de junio el juicio de fondo contra los militares y policías imputados en este caso. La última audiencia fue postergada ante la ausencia de dos imputados que alegaron tener problemas de salud.