Los corruptos del sector privado siguen recibiendo el privilegio de una justicia que solo se interesa por el dinero y no con sancionar a los responsables .
Es lo que ha ocurrido con el empresario Ramón Emilio -Mimilo-Jiménez Collie y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar.
Estos acordaron devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en contra de los dos encartados, arreglos que están pendientes de ser aprobados por el tribunal.
Según los documentos que han llegado a las partes del proceso, a los cuales la jueza ordenó notificarles el acuerdo, Crisóstomo Herrera concertó con el órgano persecutor que “el pago deberá ser efectivo previo a la homologación judicial” del criterio de oportunidad, cuya audiencia está pautada para el día 13 de este mes de junio.
Crisóstomo Herrera “autoriza de manera voluntaria que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de “mil cientos uno millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos (1,101,770,078.50.00)”, a través de “cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otro bien”.
Mimilo convino entregar “715 millones en efectivos y bienes inmuebles”. Ambos señalados son partes de los delatores del expediente, que asumieron su responsabilidad de asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.
“Se ha solicitado el criterio de oportunidad en base a su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, añaden los documentos notificados a las partes de Operación Calamar. Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicita también un criterio de oportunidad a favor de Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L. Las defensas de los que han sido formalmente acusados han calificado el acuerdo con los delatores como irregular.
La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de “contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos”, declarados de utilidad pública.
