Nacionales.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha propuesto que, para futuras modificaciones a la Constitución relacionadas con la reelección presidencial, se requiera el voto del 95% de los asambleístas. Esta propuesta surge en el marco de la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader.
Según De los Santos, este alto porcentaje de aprobación asegurará que no haya "forma humana" de realizar reformas constitucionales con fines reeleccionistas, una práctica que ha sido común entre presidentes que desean extender su mandato más allá del límite establecido.
En una entrevista con Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, De los Santos reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento de la promesa del presidente Abinader de no permanecer en el cargo más allá del 16 de agosto de 2028. También destacó la importancia de respetar el artículo 124 de la Constitución, que establece un límite de dos periodos presidenciales.
De los Santos aclaró que la limitación a dos periodos no implica ocho años consecutivos, sino dos mandatos de cuatro años cada uno, sin posibilidad de reelección posterior.
En relación a la reforma constitucional, De los Santos mencionó la necesidad de unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales para evitar la realización de dos procesos electorales en un corto período de tres meses, argumentando que el país no resiste esta carga.
El senador también abogó por la independencia del Ministerio Público y sugirió que el procurador general de la República no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sobre la reforma fiscal, De los Santos reconoció que afectará a algunos sectores, pero aseguró que se protegerá a la población más vulnerable.
En cuanto al método D’Hondt para la elección de diputados, De los Santos criticó su capacidad para representar genuinamente la intención del votante y favoreció la implementación de un tope en las exoneraciones a congresistas.
Finalmente, el presidente del Senado defendió la transparencia en el manejo del Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como el "barrilito", y apoyó la implementación de un tope en las exoneraciones legislativas.