Santo Domingo, República Dominicana – El senador Yván Lorenzo ha exigido una investigación profunda sobre el presunto uso de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el propósito de desestabilizar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta declaración ha generado un amplio debate en el ámbito político y periodístico del país.
Lorenzo manifestó su preocupación ante las recientes revelaciones que apuntan a un supuesto financiamiento de organizaciones con el objetivo de influir en la política nacional. En ese sentido, solicitó a las autoridades competentes que realicen una auditoría rigurosa para esclarecer el destino de estos fondos y garantizar la transparencia en el manejo de la cooperación internacional.
La polémica en torno a la USAID ha provocado reacciones diversas. Diputados han cuestionado a la organización Participación Ciudadana por los recursos recibidos, mientras que esta ha defendido su posición asegurando que todas sus ejecuciones han sido debidamente auditadas y están disponibles para el escrutinio público.
El gremio periodístico también se ha visto envuelto en la controversia. Comunicadores como Altagracia Salazar y Huchi Lora han denunciado ataques y amenazas tras ser señalados en relación con el escándalo. Asimismo, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han defendido la integridad de los profesionales del periodismo y han advertido sobre las implicaciones de las acusaciones sin pruebas.
En el ámbito internacional, el senador estadounidense Marco Rubio ha mostrado interés en la situación, enmarcando su postura en la supervisión de los programas de USAID en la República Dominicana y su impacto en la región. Mientras tanto, el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la cooperación internacional basada en principios éticos y legales.
Ante este panorama, Yván Lorenzo ha reiterado la necesidad de esclarecer la verdad y garantizar que los fondos de cooperación sean utilizados para el desarrollo y beneficio del país, sin interferencias en la soberanía nacional ni en la estabilidad política de las organizaciones democráticas.