El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República declarar de utilidad pública los terrenos de esa provincia donde el abogado del Estado ejecuta desalojos forzosos de comunidades enteras y familias con hasta más de 40 años de residencia.
El legislador explicó que, aunque desde el Congreso Nacional lleva más de cuatro años trabajando con el Gobierno para dotar de titulación a más de 27 barrios en amenaza de desalojo, en muchos casos el proceso no ha podido avanzar por los entramados de corrupción que en el pasado permitieron vender dichos terrenos del Estado a particulares, sin tomar en cuenta el desarrollo social y humano que ya existía.
Hablando en la Cámara Alta, dijo que la declaración de utilidad pública favorecería a miles de familia de La Caleta, Santa Lucía de La Caleta, el Barrio Libertad de Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisa de Edén en Mendoza, Buenaventura de Mendoza, Isabelita, El Valiente, Boca Chica, Los Humerales de Pantoja, Villa Progreso 1, 2 y 3 de Los Alcarrizos, La Grúa de Mendoza, Nueva Jerusalén, Loma Miranda en Los Alcarrizos, y otros barrios más que cumplen con los criterios establecidos.
“Hacemos un llamado al abogado del Estado a que pare esos desalojos, y al presidente de la República para que declare estos terrenos de utilidad pública y establezca una forma de pago”, subrayó.
Taveras Guzmán basó su propuesta en nombre de “27 barrios de mi provincia, gente humilde, gente laboriosa y gente que tiene miedo como el padre Jorge, de la iglesia de Santa Lucía, que no duerme porque cree que le van a derribar su iglesia católica en la madrugada”, dijo Taveras, visiblemente afectado por la situación.
El congresista recordó que la provincia Santo Domingo tiene una población de casi 4 millones de habitantes, con un crecimiento enorme pero desorganizado. Gran parte de sus barrios, explicó, nacieron a partir de la ocupación de tierra del Estado, por lo que junto al presidente Luis Abinader su oficina trabaja hace más de cuatro años en soluciones de titulación para evitar los desalojos y garantizar el derecho a la vivienda de miles de familias.