Ciudad de Panamá. El Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional y dejó sin efecto la concesión que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings Ltd., a través de su filial Panama Ports Company, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá.
La decisión judicial revoca la prórroga del contrato otorgado originalmente en 1997 y extendido por 25 años en 2021, al determinar que el acuerdo violó disposiciones constitucionales y provocó perjuicios económicos al Estado, relacionados con incumplimientos contractuales y obligaciones fiscales.
El fallo se produce en un contexto de alta relevancia estratégica, debido a la importancia del canal para el comercio marítimo internacional. Las autoridades panameñas reiteraron que la vía interoceánica y sus infraestructuras permanecen bajo soberanía nacional y que la medida responde estrictamente al marco legal del país.
Con la anulación de la concesión, el Gobierno de Panamá deberá definir el manejo operativo inmediato de ambos puertos y evaluar nuevos procesos de licitación, con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y mayores beneficios económicos para la nación.