SANTO DOMINGO, RD – Diversas organizaciones sociales y comunitarias que conforman la Red Urbana y Popular han expresado su respaldo al proyecto de Ley propuesto por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, que establece reglas claras y especiales para los desalojos en comunidades y para personas en condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa busca proteger los derechos fundamentales de las familias que ocupan asentamientos por décadas.
Con el acompañamiento de Ciudad Alternativa (CA) y el Comité Para la Defensa de Los Derechos Barriales (COPADEBA), las organizaciones sociales están llevando a cabo la socialización del contenido del proyecto en barrios y localidades, con el objetivo de generar conciencia sobre los abusos que enfrentan estas familias al ser sometidas a desalojos forzosos.
El proyecto de Ley prohíbe los desalojos forzosos y se alinea con la observación general Séptima del Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece criterios para la protección del derecho a una vivienda adecuada. Este marco legal busca garantizar que los procedimientos de desalojo se realicen de manera justa y transparente, respetando los derechos de las personas involucradas.
La propuesta establece reglas mínimas para los desalojos, con énfasis en el derecho al debido proceso. En este sentido, se garantizará que las personas afectadas puedan presentar su defensa, pruebas y ejercer la contradicción ante las pretensiones de los demandantes. Además, se asegura que las notificaciones sean individualizadas y no colectivas, lo que permitirá que cada afectado tenga conocimiento del procedimiento iniciado en su contra.
En los casos de comunidades establecidas o personas en situación de vulnerabilidad, la ley también contempla la realización de un censo por parte del Viceministerio de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, con el fin de identificar a los grupos familiares afectados y asegurar que reciban el apoyo adecuado durante el proceso.
La ley prevé que, en caso de que no haya una alternativa de vivienda para las personas afectadas, el Viceministerio deberá garantizarles su traslado a albergues habilitados y proporcionarles el tiempo suficiente para retirar sus pertenencias. Asimismo, se tomarán en cuenta las circunstancias de personas vulnerables, como niños, envejecientes o personas con discapacidad, y se contará con el apoyo de instituciones como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).
La ejecución de los desalojos, según el proyecto, deberá estar precedida por un otorgamiento de fuerza pública, garantizando que se cumplan las condiciones establecidas en la decisión judicial o autorización correspondiente.
Este proyecto de Ley representa un paso importante en la protección de los derechos de las personas más vulnerables, asegurando que los desalojos se realicen de manera justa y con alternativas habitacionales adecuadas.