El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia definitiva, marcada con el número TC-0951-23, que obliga al Ministerio de Obras Públicas a pagar más de RD$12 millones al licenciado Angel Lockward. Esta decisión surge como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) debido a la negativa del ministerio de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La sentencia original del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso. Posteriormente, el caso llegó al Tribunal Constitucional, que confirmó la sentencia de la Suprema y ordenó la comunicación del fallo, declarando el proceso libre de costas.
El Conflicto
El conflicto se originó cuando Angel Lockward solicitó al Ministerio de Obras Públicas información sobre los planes de desarrollo y aprobación de planos correspondientes al área turística de Cofresí, Puerto Plata. La directora de la Oficina Central de Tramitación de Planos del Ministerio de Obras Públicas, Ana María Terrero, rechazó la solicitud, alegando que la información estaba protegida por derechos de autor y era confidencial.
Ante esta negativa, Lockward presentó una acción de amparo el 23 de noviembre de 2018, resultando en la sentencia 030-02-2019-SSEN00061, dictada por la Primera Sala del TSA el 21 de febrero de 2019, que ordenaba la entrega de la información requerida.
Obras Públicas recurrió la decisión, pero el recurso de revisión constitucional de amparo fue declarado inadmisible por extemporáneo mediante Sentencia TC/0105/20, el 12 de mayo de 2020.
El 21 de septiembre de 2020, Lockward solicitó la imposición de astreinte, y el TSA dictó la Sentencia 030-02-2021-SSEN-00124, el 12 de marzo de 2021, imponiendo al Ministerio de Obras Públicas una astreinte de 10,000 pesos por cada día de retardo en cumplir con la orden del TSA.
Obras Públicas interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte el 27 de abril de 2021, pero fue rechazado por la Tercera Sala el 13 de diciembre de 2021 mediante la sentencia número 033-2021-SSEN-01263.
Esta sentencia definitiva del Tribunal Constitucional pone fin a un largo proceso judicial, reafirmando el derecho de acceso a la información pública y la responsabilidad del Estado de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas.