Santo Domingo – En una reciente declaración, se ha revelado la existencia de un documento confidencial que detalla un plan de contingencia discutido a espaldas del pueblo dominicano, durante la administración pasada, para la gestión de un flujo migratorio masivo de ciudadanos haitianos. Según el informe, este plan involucra la creación de campos de refugiados en las provincias fronterizas del país.
El documento, elaborado y acordado en secreto por el Instituto Nacional de Migración, contó con la participación de diversos sectores nacionales e internacionales, incluidos representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras instituciones clave en la protección de la República Dominicana.
Entre las medidas estipuladas, se destaca la implementación de centros de procesamiento en cada una de las provincias fronterizas, con capacidad para albergar hasta 90,000 refugiados en áreas donde la población local no supera ese número. Este proyecto, que pone en riesgo la soberanía y la identidad nacional, se desarrolló sin la consulta ni el conocimiento del pueblo dominicano.
El plan también contempla la utilización de un software gestionado desde Suiza para el control de estos refugiados, lo que implica una pérdida significativa de la capacidad del Estado dominicano para manejar e identificar a los extranjeros que ingresen al país bajo este esquema.
A pesar de su naturaleza polémica, este plan fue apoyado por altos funcionarios del gobierno pasado y actual, quienes supuestamente firmaron el documento sin considerar las implicaciones para la soberanía nacional. Hasta la fecha, el Tribunal Superior Administrativo aún no ha emitido un fallo sobre la demanda de nulidad presentada contra este plan, la cual fue impulsada por diversos sectores nacionalistas y abogados preocupados por la posible pérdida de control sobre el territorio dominicano.
Esta revelación ha encendido las alarmas sobre la integridad y la seguridad del país, destacando la urgencia de un debate público transparente sobre el manejo de la política migratoria y la protección de la identidad dominicana.