Santo Domingo.- Médicos gineco-obstetras vinculados al caso SeNaSa 2.0-A habrían registrado consultas de ginecología a afiliados masculinos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), quienes posteriormente negaron haber recibido esos servicios, según consta en la investigación del Ministerio Público.

Las pesquisas, realizadas por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, detectaron un incremento significativo en las autorizaciones emitidas por determinados prestadores. Al revisar de manera aleatoria los historiales de afiliados, las autoridades identificaron autorizaciones que los usuarios contactados no reconocieron.

El expediente también señala presuntas facturaciones por servicios no realizados y duplicidad de atenciones, incluyendo consultas especializadas y servicios ambulatorios que los afiliados tampoco habrían validado.

Asimismo, fueron detectadas irregularidades en el Número de Aprobación de Prestador (NAP) de procedimientos y consultas, con variaciones en la cantidad de usuarios y montos autorizados, además de períodos en los que algunos prestadores no registraban actividad.

De acuerdo con la investigación, en el esquema también estarían vinculados exempleados de SeNaSa de las áreas de Autorizaciones Médicas y Servicios a Usuarios. Las autoridades señalan además que médicos investigados habrían realizado transferencias de fondos a Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se encuentra en prisión en el Centro Correccional Las Parras.

Las indagatorias también identificaron movimientos financieros relacionados con familiares de Guzmán Vásquez, incluidos sus padres y un hermano, quienes fueron arrestados durante los operativos.

El Ministerio Público elaboró el plan de operaciones denominado “Caso SeNaSa – Doctores”, mediante el cual fueron ubicados los domicilios de los investigados. El documento contempla 36 inmuebles vinculados a 20 objetivos masculinos y 14 femeninos.

Como parte de la operación, 28 personas fueron apresadas, entre ellas médicos cirujanos, pediatras, ginecólogos, farmacéuticos y exempleados de SeNaSa. Varios de los detenidos fueron trasladados bajo custodia de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la Procuraduría General de la República para continuar con los interrogatorios.

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