SANTO DOMINGO, 27 de agosto de 2026.- El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís llevará a cabo este viernes el juicio de fondo contra un oficial del Ejército Dominicano acusado de violencia de género y trata de personas agravada en perjuicio de una mujer de nacionalidad venezolana.
El Ministerio Público ha acusado al teniente Orlando Ramírez Medina de agredir en múltiples ocasiones a su expareja Mildred Alexandra Rivas Felizola, a quien convenció a través de redes sociales para que viajara a la República Dominicana junto a su hijo menor, con la intención de explotarla laboral y sexualmente, además de agredirla físicamente.
El caso ha generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, debido al poder económico y la influencia que el acusado ejerce en las instancias judiciales de San Pedro de Macorís, así como la vulnerabilidad de la víctima por su condición de migrante.
Según documentos de organizaciones defensoras, Ramírez Medina captó a Rivas Felizola prometiéndole empleo y mejores condiciones de vida, pero posteriormente le retuvo su pasaporte, la amenazó con deportación y la forzó a mantener relaciones sexuales no consentidas.
En la última agresión, la víctima presentó múltiples heridas y traumas, así como abrasiones y pérdida de uñas, lo que indica un patrón de control y violencia física, verbal y psicológica. Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinaron que Rivas Felizola sufre de ansiedad, insomnio y depresión grave debido al maltrato recibido.
El Ministerio Público presentó la acusación contra el oficial en el año 2022, pero el juicio ha sido aplazado en varias ocasiones por diversas incidencias en el proceso. Recientemente, el tribunal colegiado se inhibió de conocer el caso, lo que permitirá que otros jueces se encarguen del juicio.
Ramírez Medina enfrenta cargos por la violación de varios artículos del Código Penal y de la ley 137-03 sobre trata de personas. En caso de ser condenado, podría recibir una pena de hasta veinte años de prisión, considerando su condición de militar y la gravedad de los delitos imputados.
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