Santo Domingo.– El analista geopolítico y diplomático Janel Ferreras expuso que el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Puerto Príncipe marca una fase decisiva para desarticular a las pandillas haitianas, tras su designación como objetivos criminales y terroristas internacionales, lo que habilita acciones directas bajo marcos legales de seguridad nacional.
Ferreras explicó que la operación regional, identificada como Lanza del Sur, prioriza el control del narcotráfico en el Caribe, la interrupción de rutas marítimas y la estabilización de Haití, país que —según su análisis— carece de gobierno funcional y control territorial. Indicó que la presencia de un destructor y una fragata en la bahía de Haití resulta suficiente para neutralizar estructuras armadas irregulares, anticipando el declive de líderes pandilleros responsables del desplazamiento masivo de población.
En el plano regional, advirtió sobre el impacto directo en la frontera dominico-haitiana, subrayando la presión migratoria, la infiltración del narcotráfico y la necesidad de alinear a la sociedad dominicana con políticas de control y legalidad. Señaló que la demografía y la seguridad fronteriza inciden en el futuro nacional y que la respuesta debe ser institucional y cultural, con énfasis en educación, identidad y cumplimiento de la ley.
Ferreras sostuvo que el interés estratégico internacional también se vincula a recursos minerales, destacando la zona fronteriza con importantes yacimientos auríferos, en un contexto de alza del precio del oro y la plata. Afirmó que Estados Unidos actúa por planificación estratégica, no por coyuntura, y que su objetivo central es el control del territorio y de las amenazas transnacionales, más que la forma de gobierno interna.
Finalmente, llamó a fortalecer la soberanía, ordenar el mercado laboral, regular la migración y reforzar el Ministerio de Cultura como eje para preservar la identidad nacional, insistiendo en que la estabilidad de Haití debe lograrse en su propio territorio y que la República Dominicana no puede sostener cargas que excedan su capacidad institucional.