Santo Domingo, En un evento trascendental para el sistema judicial dominicano, diversas instituciones acordaron implementar un enfoque de justicia terapéutica y de reinserción social. Este acuerdo, presidido por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, busca ofrecer un tratamiento integral a personas con uso problemático de drogas, priorizando la rehabilitación sobre la exclusión.
La firma del documento fue realizada por destacados representantes, entre ellos: Jhonattan Toribio Frías en representación del Consejo del Poder Judicial, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el ministro de Salud Pública Víctor Atallah Lajam, y el presidente del Consejo Nacional de Drogas Alejandro De Jesús Abreu. También participaron el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama Olivero, y el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública Rodolfo Valentín Santos.
Durante el acto, Henry Molina subrayó que el acuerdo representa un compromiso con la dignidad humana y una justicia que transforma. Enfatizó la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento judicial como alternativas a la cárcel, destacando que las personas con problemas de consumo de sustancias requieren tratamiento y no criminalización.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso resaltó la importancia del acuerdo para los jóvenes y la necesidad de un sistema de justicia orientado a la reintegración social, alineado con los principios constitucionales. Asimismo, Alejandro Abreu destacó la complejidad del problema de las drogas y propuso la implementación de indicadores para evaluar los resultados del acuerdo.
El convenio establece la participación de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, bajo la supervisión de un tribunal, para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas en delitos menores. Este enfoque busca integrar a las familias y promover el bienestar social en el marco del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Además, se garantiza que los procesos judiciales se resolverán de manera ágil, respetando la dignidad de las partes y evitando la revictimización. El Poder Judicial tendrá un rol esencial en la supervisión del cumplimiento del tratamiento, asegurando un enfoque respetuoso de los derechos humanos.
El acuerdo será monitoreado por personal técnico designado en un plazo de treinta días desde su firma, y está basado en los principios de la justicia terapéutica, que estudia el impacto del derecho en el comportamiento y salud mental de las personas.
Este paso reafirma el compromiso de las instituciones con la mejora del sistema de justicia, ofreciendo alternativas humanas y efectivas para personas en conflicto con la ley, promoviendo una justicia más inclusiva y digna. La firma del acuerdo tuvo lugar en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de jueces, fiscales y miembros de la comunidad jurídica, así como representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
