SANTO DOMINGO. – Comunicadores y periodistas denunciaron que, de manera sorpresiva, el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), dispuso la disolución de la Dirección de Relación con los Medios Locales, dejando sin empleo a decenas de profesionales que, durante años, colaboraron en la difusión de las ejecutorias gubernamentales en distintos puntos del país.
Según una comunicación oficial firmada por el vocero del Gobierno, Homero Figueroa, a partir del 14 de abril de 2025 queda sin efecto el vínculo laboral de múltiples empleados, incluyendo técnicos, coordinadores y representantes provinciales, quienes prestaban servicios en dicha dependencia. En la misiva se solicita, además, la entrega inmediata de documentos a la Dirección de Recursos Humanos.
De acuerdo con denuncias de los afectados, más de 50 profesionales de la comunicación han sido cancelados, muchos de ellos con años de servicio y una trayectoria de trabajo continuo en apoyo a la estrategia de comunicación gubernamental en las provincias y municipios más importantes del país.
Una fuente vinculada a la extinta dirección confirmó que entre los desvinculados figuran técnicos, digitadores, personal administrativo y representantes regionales que se encargaban de promover y difundir las actividades oficiales a nivel local. Solo un pequeño grupo fue retenido en sus puestos, lo que ha despertado sospechas sobre criterios de favoritismo.
Según los testimonios, la medida se tomó sin previo aviso y sin ofrecer explicación clara a los empleados, lo que ha generado un profundo malestar y sentimientos de desprotección entre los desvinculados. Algunos han expresado sentirse utilizados políticamente durante la campaña electoral de 2024 y posteriormente descartados.
De forma extraoficial, se ha informado que el presupuesto anual asignado a la Dirección de Relación con los Medios Locales rondaba los 29 millones de pesos. Sin embargo, esta reducción contrasta con el elevado gasto en publicidad estatal que sigue beneficiando en gran medida a grandes corporaciones mediáticas, dejando fuera a productores independientes, comunicadores comunitarios y medios digitales, quienes fueron pieza clave en la construcción de la narrativa oficial en las regiones.
Los periodistas afectados consideran la medida como un retroceso en materia de libertad de expresión y pluralidad informativa, advirtiendo que se trata de una represalia indirecta hacia voces críticas o incómodas en el entorno oficialista. Incluso, denunciaron que durante la cobertura del espacio «La Semanal con la Prensa», periodistas que han formulado preguntas sensibles al presidente Luis Abinader han sido vetados, cancelados o privados de sus acreditaciones oficiales, lo que les impide ejercer su labor profesional en el Palacio Nacional.
Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la UNESCO y la Embajada de los Estados Unidos en el país, para que investiguen lo que consideran una violación sistemática a los derechos laborales y a la libertad de prensa bajo la actual administración.
El gremio periodístico ha mostrado preocupación ante lo que consideran un debilitamiento de los pilares democráticos y una amenaza directa a la integridad profesional de los comunicadores en la República Dominicana.