Santo Domingo, República Dominicana. El Estado dominicano solicitó ante los tribunales una indemnización ascendente a RD$12,707.8 millones por los daños y perjuicios ocasionados en el denominado caso Intrant, relacionado con una presunta red de corrupción administrativa durante la pasada gestión de esa entidad.
La reclamación fue presentada por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en representación del Estado, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa, como parte del proceso judicial que investiga irregularidades cometidas entre los años 2022 y 2023.
El expediente forma parte de la Operación Camaleón y señala a 10 personas imputadas, entre ellas el exdirector del Intrant Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez, a quienes se les atribuyen delitos de corrupción, estafa contra el Estado, sabotaje a la red semafórica del Distrito Nacional y asociación de malhechores.
Según el Ministerio Público, los hechos habrían provocado graves daños económicos, institucionales y operativos, incluyendo afectaciones al sistema de tránsito y la seguridad ciudadana, como consecuencia de contratos presuntamente irregulares y acciones deliberadas contra infraestructuras críticas.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional otorgó un plazo a las defensas para conocer la querella civil y fijó la audiencia preliminar para febrero de 2026, en el marco de uno de los casos de corrupción administrativa de mayor impacto económico conocidos en el país.
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