Santo Domingo, Una red de corrupción y contratos irregulares ha puesto al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en el centro de una crisis financiera sin precedentes, generando un déficit creciente y deterioro en los servicios ofrecidos a millones de afiliados.
Las investigaciones oficiales han revelado que un esquema fraudulento operó durante al menos cuatro años, drenando recursos y debilitando la gobernanza de la principal aseguradora pública del país. Se documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados sin realizarse, utilizando identidades reales de afiliados. Para legitimar el fraude, se empleó un "call center paralelo" operado por exempleados desde fuera de Senasa.
Este entramado movilizó más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, involucrando a empresas ligadas a altos funcionarios. Entre los implicados se encuentran Gustavo Güílamo, Germán Robles, Rafael Dujarric y Gustavo Mesina, con Robles señalado como líder del esquema.
Simultáneamente, se ha cuestionado un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Además, la nómina de Senasa creció de 1,408 a 1,971 empleados en cuatro años, y se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico, con costos que superan los cinco millones de pesos mensuales.
El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno solicitó investigar a Senasa en noviembre de 2024, antes de los reportajes mediáticos. La Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) han iniciado auditorías, mientras que Santiago Hazim fue destituido y reemplazado por Edward Guzmán en la dirección.
El déficit acumulado del régimen subsidiado asciende a 3,372.8 millones de pesos, con una morosidad en los pagos a proveedores que alcanzó el 46.02 % en 2023. Esta situación pone en riesgo a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos, revelando un patrón de corrupción y mala gestión que amenaza con colapsar la aseguradora estatal.
La crisis ha puesto en duda la capacidad del Estado dominicano para garantizar transparencia en el manejo de los fondos de salud y ha encendido alarmas sobre la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos más vulnerables bajo la supervisión de Senasa y Silsaril. El Grupo Read ha manifestado su disposición a colaborar en cualquier proceso de investigación y su compromiso con la salud pública dominicana.