Santo Domingo, – En respuesta a una ola de críticas provenientes de diversos sectores, la Cámara de Diputados ha decidido reformar el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles, el cual había sido aprobado en primera lectura hace un mes. Esta decisión surge tras recibir observaciones de inversionistas, abogados, hoteleros, comerciantes y bancos, quienes consideraron que la propuesta legislativa podría obstaculizar más que fomentar la inversión inmobiliaria.
El diputado Amado Díaz, presidente de la comisión especial encargada del proyecto, anunció que se introducirán modificaciones significativas, tales como sanciones menos severas para los propietarios y mayor flexibilidad en los contratos de alquiler. Según Díaz, más del 90 % de las sugerencias recogidas durante las vistas públicas han sido consideradas e incorporadas al proyecto revisado.
Uno de los cambios clave es la eliminación de los propietarios de los artículos sancionadores, dado que son sus abogados quienes gestionan los procesos legales y desalojos por impago. Este aspecto ahora se remitirá a la ley de fuerza pública, que ya incluye sanciones pertinentes, evitando así redundancias en la legislación de alquileres.
El artículo 51 del proyecto inicial establecía penas de hasta cinco años de prisión para propietarios, abogados o alguaciles que ejecutaran desalojos sin un proceso judicial adecuado. Sin embargo, se busca ahora facilitar un "pronto despacho" que permita resolver casos de impago en un plazo de 45 a 60 días, acelerando así el proceso de desalojo de inquilinos morosos.
Además, el proyecto revisado diferenciará entre viviendas y locales comerciales, proponiendo un procedimiento más ágil para las primeras, mientras que los casos de locales comerciales, debido a las inversiones significativas que suelen requerir, serán remitidos a un tribunal ordinario.
Respecto a las preocupaciones de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, el diputado Díaz aclaró que el proyecto no obliga a que los depósitos de alquileres se realicen en una entidad bancaria específica, sino que ofrece al inquilino la opción de elegir cualquier banco cercano al inmueble alquilado, sin imponer obligaciones adicionales a los propietarios.
Finalmente, el legislador enfatizó que el contrato de alquiler mantendrá su naturaleza privada, con la intervención estatal limitada a situaciones punitivas cuando sea necesario. Aunque quedan pocos días para el cierre de la actual legislatura, se espera que el proyecto se retome en la próxima, que iniciará el 16 de agosto, con miras a su aprobación definitiva.