SANTO DOMINGO. Amplios sectores de la sociedad expresan preocupación ante lo que consideran una agenda LGBT impulsada por el gobierno, luego de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/01225/25, que elimina las sanciones contra policías y militares por relaciones homosexuales, incluso fuera de servicio.
El fallo, de cumplimiento obligatorio para todo el Estado, deroga los artículos que penalizaban estas conductas y ordena a instituciones públicas y privadas ajustar sus reglamentos para evitar cualquier sanción basada en la orientación sexual.
Mientras los abogados accionantes califican la decisión como un “avance en igualdad”, sectores cristianos y comunitarios advierten que esta medida choca con los principios y valores cristianos que rigen al país y podría abrir la puerta a cambios más profundos en políticas públicas.
La sentencia tiene efecto inmediato y obliga a eliminar cualquier regulación que penalice a policías, militares o ciudadanos por su orientación sexual, reactivando el debate sobre el rumbo moral y social de la nación.