SANTO DOMINGO, República Dominicana – Legisladores de diversos partidos políticos reaccionaron ayer en contra del informe presentado por Estados Unidos que acusa a la República Dominicana de violar los derechos humanos de los haitianos con estatus migratorio irregular en el país.
El presidente del Senado, Ricardo De los Santos, afirmó que el informe no se corresponde con la realidad y recalcó que no ha habido un país más solidario con Haití que la República Dominicana.
"El universo completo sabe que ese es un informe que no se corresponde con la verdad porque nosotros como país siempre hemos dicho que la República Dominicana está a la luz de que hemos sido el país más solidario con Haití", expresó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que la República Dominicana debe cumplir estrictamente sus leyes migratorias y no dejarse presionar.
"No debe coger presión República Dominicana ante el pedimento de cese de ilegales e informes internacionales de Derechos Humanos que atacan al país", manifestó.
Juan Dionicio Restituyo, presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en la Cámara Baja, dijo que siempre han tenido reservas con todos los informes que el Departamento de Estado y el propio Estados Unidos realiza sobre Derechos Humanos, pues considera que es el único país del mundo que todavía persiste con siete penas de muerte.
Para el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, no le sorprende lo plasmado en dicho informe porque los organismos internacionales lo que buscan es que la República Dominicana cargue con la crisis que enfrenta Haití.
Castro Silverio agregó que, ante esto, "el liderazgo del país tiene que unificarse sobre estas amenazas porque la República está por encima de todo y lo que hace falta es que el liderazgo político marche en una misma dirección".
Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Saury Mota, calificó el documento como una simple opinión agregando que cada país tiene sus políticas migratorias que debe ejecutar de acuerdo a sus necesidades y realidades.