La compra y venta de votos en República Dominicana es una práctica ampliamente documentada, aunque clandestina. Los candidatos, en su afán de asegurar el poder, recurren a esta estrategia, violando la Ley 20-23 sobre el Régimen Electoral. En Azua, durante las elecciones municipales recientes, se confirmó esta conducta, con ciudadanos recibiendo sumas de dinero a cambio de su voto. Rafael Antonio Hidalgo Fernández, electo alcalde, fue señalado por este comportamiento.
La compra de votos se ejecuta con marcas identificativas en las boletas, facilitando su detección. Organizaciones como Participación Ciudadana han denunciado su presencia en un considerable número de recintos electorales. Este fenómeno socava la democracia y afecta la confianza en el sistema electoral.
A pesar de las condenas y medidas tomadas por las autoridades, la compra de votos persiste, incluso con variaciones en las técnicas utilizadas, como el uso de partidos aliados minoritarios para ocultar la manipulación. La alta abstención en las últimas elecciones refleja el desencanto de la población ante estas prácticas.
El estudio "La compra del voto en República Dominicana" destaca la normalización de esta conducta en la cultura política del país, subrayando la necesidad de acciones contundentes para combatirla. Recomendaciones incluyen establecer sistemas de denuncia, campañas de concientización cívica, investigación y sanción penal, así como mayor observación electoral.
Erradicar por completo esta práctica es crucial para preservar la integridad del proceso democrático y restaurar la confianza de los ciudadanos en su sistema electoral.
