Santo Domingo — El presidente Luis Abinader continuó este martes con una amplia reestructuración de su gobierno, introduciendo cambios en ministerios e instituciones estratégicas vinculadas al crecimiento económico, la política social, la vivienda, la agricultura y la recaudación fiscal.

Dentro de los ajustes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón fue designado ministro de Industria, Comercio y Mipymes, tras desempeñarse desde agosto de 2020 como director general de Aduanas. En el ámbito político, es fundador del PRM, secretario nacional de Finanzas, miembro de la Dirección Ejecutiva y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020.

Asimismo, Víctor “Ito” Bisonó pasó a ocupar el cargo de ministro de Vivienda y Edificaciones, luego de haber encabezado el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes desde 2020 y tras una trayectoria legislativa de cuatro períodos como diputado por el Distrito Nacional.

En tanto, Nelson Arroyo fue designado director general de la Dirección General de Aduanas, tras haber dirigido Seguros Banreservas y anteriormente el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante el período 2020-2024.

De manera paralela, el mandatario dispuso cambios en otras dependencias del Estado. Francisco Bencosme fue nombrado ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz. En el área de género, Gloria Reyes fue designada ministra de la Mujer, tras desempeñarse como directora de Desarrollo Social, mientras que Mayra Jiménez pasará a asumir funciones dentro del programa Supérate.

En el ámbito fiscal, Pedro Porfirio Urrutia asumirá la dirección de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en sustitución de Luis Valdez. Asimismo, Geanilda Vásquez fue designada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en reemplazo de Tony Peña Guaba, quien queda sin funciones asignadas.

Estos movimientos forman parte de una reorganización integral del tren gubernamental, orientada a redistribuir responsabilidades, fortalecer la eficiencia institucional y dar continuidad a las prioridades económicas y sociales definidas por el Poder Ejecutivo.

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