El Código Penal persiste en sancionar el aborto

Santo Domingo, – En una jornada que culminó alrededor de las seis de la tarde de este viernes, la Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto de Código Penal avanzó significativamente en su labor, quedando aún por revisar unos 20 artículos. El senador Santiago Zorrilla, quien preside la comisión, destacó el compromiso y la responsabilidad con la que los integrantes han abordado el proyecto.

Durante la sesión de hoy, iniciada a las 10 de la mañana, los senadores y diputados centraron sus debates en la definición y penalización de delitos como el secuestro, el arresto ilegal y el abuso de menores. Se estableció que las penas para el secuestro y el arresto ilegal oscilarán entre 30 y 40 años de prisión, mientras que los abusos contra menores serán castigados con penas de 20 a 30 años, sumando multas correspondientes.

En cuanto a las agresiones sexuales entre adultos, las sanciones varían de uno a dos años de prisión. Sin embargo, si la víctima es un menor, las penas aumentan significativamente, de 10 a 20 años, reflejando una mayor proporcionalidad jurídica según los legisladores.

Un punto que quedó definitivamente cerrado es la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo. Con la aprobación de tres artículos del proyecto, la República Dominicana continuará siendo uno de los cinco países donde el aborto es penalizado en cualquier circunstancia.

Los artículos 109, 110 y 111 del proyecto tipifican el "aborto consentido" como aquel en el que una mujer interrumpe voluntariamente su embarazo con asistencia médica, sancionando al profesional de la salud y a la mujer con penas de prisión de dos a tres años. En el caso del "aborto autoprocurado", donde la mujer se induce el aborto mediante brebajes o medicamentos, la condena será igualmente de dos a tres años. El "aborto forzado", definido como el acto de forzar a una mujer a abortar sin su consentimiento, conllevará penas de 20 a 30 años de prisión.

El proyecto también incluye una eximente que permite la interrupción del embarazo por profesionales de la salud si la vida de la madre y del feto están en peligro y se han agotado todos los recursos científicos y técnicos disponibles.

Con la revisión de los artículos restantes aún pendiente, se espera que la próxima semana los debates se trasladen al pleno del Senado de la República, en un esfuerzo por concluir dos décadas de discusiones sobre el Código Penal.