San Juan, 6 de junio de 2025 — Diversos sectores políticos y jurídicos en Puerto Rico alzaron su voz este jueves contra el Gobierno local tras confirmarse que entregó información de al menos 6.000 inmigrantes con licencias de conducir provisionales a la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La revelación ha generado una ola de indignación entre partidos como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), así como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que calificaron la acción como “una traición” y “una grave violación de derechos”.
El senador del PIP, Adrián González Costa, sostuvo que el Ejecutivo actuó “de manera ilegítima”, contraviniendo la Ley 97-2013, que garantiza la confidencialidad de los datos personales de quienes solicitan licencias provisionales, independientemente de su estatus migratorio.
“La entrega de esta información está prohibida por ley. Esto no debe sorprendernos, dada la sumisión del Gobierno de Jenniffer González a las políticas de EE.UU.”, declaró González Costa. Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago lamentó la falta de resistencia del Gobierno ante lo que calificó como una política “trumpista”.
Desde el MVC, Ana Irma Rivera Lassén criticó que se haya vulnerado la confianza de miles de personas que actuaron de buena fe: “Es una traición imperdonable, más aún cuando ha provocado arrestos de personas sin antecedentes penales”.
La presidenta del Colegio de Abogados, Vivian Godineaux Villaronga, también rechazó enérgicamente la colaboración con ICE, señalando que “no existe obligación legal para que las agencias estatales cooperen con detenciones impulsadas por políticas federales”.
Según confirmó el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), Yariel Ramos, la entrega de datos facilitó redadas dirigidas principalmente contra inmigrantes dominicanos. Estas operaciones, iniciadas en enero, han provocado temor generalizado y que muchas personas opten por no salir de sus hogares.
Los legisladores del PIP presentaron una resolución para investigar el rol del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la divulgación de la información.